Al rededor de los hoteles covid hay dos posiciones que hacen que la opinión pública piensen en ellos como una violación de derechos o una medida de seguridad pública necesaria.
Por un lado, el gobierno de Trudeau se sostiene en obligar a los canadienses que regresan a un aislamiento obligatorio en hoteles cerrados a su cargo. Y por otro, se advierte al gobierno de que hacerlo supuestamente violaría los derechos constitucionales de toda persona libre.
La respuesta a la pandemia de COVID-19 ha creado pruebas interesantes de libertades, así como del poder que los gobiernos tienen o no en respuesta.
“No estamos tratando de castigar a la gente. Estamos tratando de mantener a la gente a salvo”, insistió el primer ministro Justin Trudeau.
A partir del 22 de febrero, el gobierno hará obligatorio que los pasajeros aéreos que lleguen desde fuera del país se registren en un hotel designado durante tres días a un costo de $2.000 para comenzar su cuarentena de 14 días.
