Ante las últimas muestras de fuerza del crimen organizado en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró una nueva etapa redoblando los esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico y estrechando la coordinación con las autoridades estatales.
El mandatario concluyó este viernes una gira por tres de los estados más violentos del país en la que lanzó contundentes mensajes contra los cárteles, escenificó su apoyo sin fisuras al Ejército y firmó la paz con los gobernadores de la oposición para combatir la delincuencia.
Militares, militares, militares
Desde el occidental estado de Colima, la región con mayor tasa de homicidios, López Obrador anunció este viernes la militarización de las aduanas y puertos del país para quitar a funcionarios coludidos con el narcotráfico y frenar la entrada de drogas.
«Tomé la decisión de que las aduanas terrestres y marítimas van a estar a cargo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina, lo mismo en el caso de puertos», dijo en la ciudad portuaria de Manzanillo, puerta de entrada de estupefacientes.
El mandatario se justificó con que a través de las aduanas portuarias y fronterizas se introduce «droga de la más destructiva y dañina» y que «esto explica mucho los atentados y homicidios que hay en Colima y en otras partes del país».
Este nuevo movimiento constata la apuesta por el Ejército de López Obrador, quien ha enterrado aquellos tiempos de líder opositor en los que criticaba a sus antecesores por utilizar a los militares en tareas de seguridad pública y llevar a cabo una guerra contra el narcotráfico.
De hecho, su gran apuesta para recuperar la paz en el país fue la creación el año pasado de la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad que legalmente tiene carácter civil y policial, pero la inmensa mayoría de sus efectivos y altos mandos provienen del Ejército.
Precisamente, López Obrador estuvo el jueves en la inauguración de un cuartel de la Guardia Nacional en Jalisco, sede del Cártel Jalisco Nueva Generación, donde celebró disponer de este cuerpo para combatir al crimen y lanzó un mensaje a los narcotraficantes.
«Quiero que se escuche bien y se escuche lejos. No vamos a negociar con la delincuencia (…) No vamos a dejarnos intimidar», dijo López Obrador, quien acusó a los anteriores gobiernos de venderse al crimen organizado.
Reconciliación con gobernantes
La gira esta semana de López Obrador por los violentos estados de Guanajuato, Jalisco y Colima fue una respuesta al atentado fallido del Cártel Jalisco Nueva Generación contra el jefe de la Policía de Ciudad de México y a la matanza de 27 jóvenes en un centro de rehabilitación de Irapuato (Guanajuato) por parte del Cártel Santa Rosa de Lima.
Pero también sirvió para sellar la paz con los gobernadores de los tres estados, todos ellos de la oposición, y escenificar la unidad frente al crimen.
El miércoles en Guanajuato, el estado con más homicidios del país, anunció una «estrategia conjunta, independientemente de las diferencias» con el gobernador Diego Sinhue Rodríguez, del Partido Acción Nacional (PAN).
Ambos hablaron del inicio de «una nueva etapa» tras los duros reproches que se lanzaron el mes pasado luego de que una juez liberara a varios miembros del Cártel Santa Rosa de Lima por irregularidades en su arresto.
Con esta alianza bajo el brazo, López Obrador llegó el jueves a Jalisco para reunirse con el gobernador Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, el más crítico con las medidas sanitarias y económicas del presidente.
Ambos levantaron la bandera de la paz
«No está solo, cuenta con el apoyo del Gobierno federal», dijo López Obrador sobre las amenazas del Cártel Jalisco contra Alfaro, quien declaró que «en Jalisco hay unidad con nuestro presidente y compartimos la necesidad de cerrar filas por el bien del país».
Una unidad que repitieron este viernes López Obrador y el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Pendientes de resultados
El esfuerzo para mejorar la coordinación con los estados llega ante la falta de resultados contundentes contra el crimen organizado y los elevados índices de violencia que sufre el país.
México cerró 2019 con 34.608 homicidios dolosos y 1.012 feminicidios, los datos más altos desde que hay registros, y la violencia no ha amainado a pesar del confinamiento por la pandemia de COVID-19.
Y en la memoria colectiva está el fallido operativo de captura de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín «El Chapo» Guzmán, cuya liberación fue ordenada por López Obrador para calmar la violencia con la que el Cártel de Sinaloa respondió al arresto.
No obstante, el Gobierno tiene la esperanza de conseguir resultados el próximo año gracias a la Guardia Nacional y el bloqueo de cuentas del narcotráfico.
Durante la gira, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, reivindicó que hay «un debilitamiento evidente de los grupos criminales» y se jactó de que el líder del Cártel Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez «El Marro», vive «en una casa a medio construir batallando para cubrir la nómina».
