Ginebra, 14 oct (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Husein, se reunirá este miércoles con la periodista mexicana Lidya Cacho, quien está en Ginebra para pedir a la organización internacional que investigue las agresiones y amenazas que ha sufrido en los últimos diez años.
El trabajo de la informadora y activista ha estado centrado en las denuncias sobre la corrupción de la clase política en México, su complicidad con el crimen organizado y, en general, la impunidad que prevalece en el país.
Un portavoz de la oficina de Zeid Ra’ad Al Husein confirmó a Efe la entrevista, durante la cual Cacho expondrá su caso, «que representa al menos el de otros doscientos periodistas y activistas que no tienen voz», adelantó hoy en una rueda de prensa.
«Si a mí, que viajo por el mundo denunciando lo que ocurre, que he recibido premios internacionales y escrito libros traducidos a varios idiomas me intentan silenciar, podemos imaginar lo que ocurre con otros cientos de periodistas», comentó.
Con la asesoría de la ONG Artículo 19, dedicada a la defensa de la libertad de expresión en el mundo, Cacho acaba de presentar su caso al Comité de Derechos Humanos de la ONU, convirtiéndose en el primero de una periodista de México que llega a esta instancia bajo la forma de una denuncia individual.
El punto más fuerte del expediente sometido al Comité corresponde a la detención arbitraria de cerca de 24 horas que sufrió Cacho en 2005 y durante la que fue torturada, explicó el director para México de Artículo 19, Darío Ramírez.
Ese arresto tuvo lugar después de que la informadora recibiera amenazas que intentaban disuadirla de continuar investigando la participación de políticos locales y miembros de la policía con una red de pornografía infantil, sobre la que publicó el libro «Los Demonios del Edén».
Tras superar varias instancias jurisdiccionales, su caso llegó a la Corte Suprema de México, que no abrió un proceso penal, sino únicamente una investigación interna al respecto, la que no dio resultados concretos y a la que ni Cacho ni sus defensores tienen acceso.
La documentación que guarda la Corte Suprema de México -según Cacho- contiene «una tremenda cantidad de evidencia que están escondiendo de mí, lo que demuestra que no existe independencia de poderes».
Además de su detención ilegal, la periodistas ha sufrido numerosas amenazas contra su vida, que le han obligado dos veces a salir del país por algunos meses.
«Esperamos que este sea el primero de otros casos que periodistas y organizaciones de derechos humanos puedan presentar al Comité», declaró.
La comunicadora dijo que colegas suyas «que hacían el mismo trabajo que yo han sido asesinadas» y que su voluntad de llevar su caso a la ONU tiene que ver con que «sigo viva para contar mi historia, sobre la manera en que un Estado atenta contra la libertad de expresión para mantener las cosas como están».
Por su parte, Ramírez consideró que desde que el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, inició su mandato se observa un agravamiento de las agresiones contra la libertad de prensa y expresión, que -sostuvo- han aumentado un 25 % en los últimos dos años.
Mencionó que hay casos de desapariciones forzadas, con 18 periodistas desaparecidos desde 2003; así como detenciones ilegales y ataques físicos, últimamente contra los locales de medios de comunicación en distintas partes de México.
Ramírez agregó que las amenazas contra periodistas son comunes y han aumentado notablemente, con 214 casos registrados este año.
De la reunión con el alto comisionado, Cacho dijo que espera que su testimonio «le haga comprender de manera amplia lo que está sucediendo en México en materia de derechos humanos».
