Un grupo de personas pasa a píe por las barricadas hechas por manifestantes el 3 de junio de 2016, durante los bloqueos sobre la vía Panamericana que conduce de Cali a Popayán, al suroccidente de Colombia. EFE
Bogotá, 7 jun (EFE).- La Cumbre Agraria, Étnica, Campesina y Popular que protesta desde hace ocho días en Colombia pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para protegerse de las agresiones que dice haber sufrido por parte del Ejército y la Policía, informaron hoy voceros de los manifestantes.
«Hay una situación complicada y es el tratamiento que se le está dando a la protesta y la estigmatización por parte de funcionarios públicos que han planteado que es un ‘paro armado’, lo cual ha puesto en riesgo la vida de los participantes», dijo a Efe Zoraida Hernández, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la cumbre.
La organización civil protesta en varias vías de Colombia, especialmente en el suroeste del país, frente a la «profundización de las políticas neoliberales» del Gobierno, así como por el incumplimiento de promesas del Ejecutivo tras anteriores huelgas.
En la solicitud que se entregó el lunes a la CIDH se denuncian también «las violaciones a derechos humanos que se han presentado por parte de la fuerza pública contra los manifestantes».
Las cifras que manejan los voceros de la cumbre señalan que hasta el momento las protestas dejan 3 muertos, 203 heridos y 171 personas judicializadas.
En consecuencia, aclaró Hernández, «hemos solicitado a la CIDH que otorgue medidas cautelares y se garantice el ejercicio del derecho a la protesta social y se proteja la vida y la integridad física de quienes están protestando».
También, agregó, se pide que «se ordene el retiro inmediato de las Fuerzas Militares» de la zona en donde se encuentran concentrados los manifestantes y que «haya una declaración pública en donde el Ministerio de Defensa rectifique las acusaciones que ha hecho».
El pasado 1 de junio el ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, denunció que la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) se infiltró en el «paro agrario».
«Tenemos información sobre infiltración del ELN en algunos puntos en (los departamentos de) Chocó, Cauca, Norte de Santander y en dos lugares del Cesar. Esas infiltraciones son las que más violencia han producido», afirmó Villegas.
Por su parte, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, aseguró este martes que el Gobierno «continúa» abierto al diálogo frente a las protestas que realizan campesinos, indígenas y camioneros en varias partes del país y pidió no acudir a medidas ilegales durante estas manifestaciones.
«Si hay protesta, bienvenida sea. La respetamos, la defendemos, pero no acudan a las vías de hecho (medidas ilegales). El Gobierno tiene la obligación de hacer respetar los derechos del resto de los colombianos y no nos va a temblar la mano para hacerlos respetar», sostuvo el mandatario.
En respuesta, Hernández explicó que a los líderes de la cumbre les preocupan las declaraciones de Santos porque recientemente Colombia vivió un «paro armado» convocado por el Clan Úsuga, la mayor banda criminal del país, que paralizó varias vías y ciudades durante 48 horas.
En esa oportunidad, puntualizó la vocera de la cumbre, «no hubo medidas para evitar que se paralizara el país pero sí ahora para las personas que están solicitando espacios de debate político y que les sea reconocida su voz. Esas declaraciones del presidente no se compadecen con un país que se encuentra en medio de diálogos de paz».
Un «paro armado» es una acción de grupos armados ilegales en determinadas zonas en las que, mediante amenazas a la población civil y a las autoridades intentan paralizar el transporte y demás actividades económicas.
