El ministro de Educación, Stephen Lecce, no testificará en la audiencia de la Junta de Relaciones Laborales de Ontario que decidirá si una huelga de los trabajadores de la educación es ilegal.
Sin embargo, el presidente de la junta, Bryan O’Byrne, aseguró que se le pedirá al viceministro adjunto Andrew Davis que presente pruebas.
El Sindicato Canadiense de Empleados Públicos (CUPE) quería que tanto Lecce como Davis testificaran, pero O’Byrne afirmó que a Lecce se le otorga inmunidad a través del privilegio parlamentario.
Davis, por otro lado, será citado porque puede tener “evidencia posiblemente relevante” sobre las negociaciones del contrato entre CUPE y el gobierno.
Es el segundo día de testimonios luego de una solicitud del gobierno provincial que calificó la medida de CUPE del viernes como una “huelga ilegal”.
CUPE argumenta que la acción de sus 55.000 trabajadores de la educación en toda la provincia no fue una huelga sino una protesta política.
La medida se produjo tras la nueva ley del gobierno de Ford que se aprobó el jueves imponiendo contratos a los trabajadores de la educación y prohibiéndoles hacer huelga.
La ley utiliza la cláusula de excepción para proteger contra los recursos constitucionales.
Si la junta falla a favor del gobierno, prepara el escenario para que se impongan miles de dólares en multas a los trabajadores en huelga y al sindicato. Los empleados enfrentan multas individuales de hasta $4.000 cada uno, mientras que el sindicato puede recibir multas de hasta $500.000 mientras dure la huelga, o un total de más de $220 millones por día.
CUPE ha dicho que planea luchar contra las multas, pero no dio indicaciones de cómo planean hacerlo. El sindicato también reconoció que si tiene que pagar, pagará y anteriormente sugirió que están buscando ayuda financiera externa de otros grupos laborales, quienes también han declarado su apoyo a la acción laboral.
Unifor, uno de los sindicatos más grandes del sector privado en Canadá, ha dicho que donará $100.000 a CUPE para ayudar a pagar multas, además de ofrecer otros apoyos.
Los miembros del Sindicato de Empleados del Servicio Público de Ontario (OPSEU) se unieron a CUPE al abandonar el trabajo el viernes, diciendo que la legislación impuesta por el gobierno “amenaza los derechos de todos los trabajadores de la provincia”.
La Unión Internacional de Trabajadores de América del Norte (LiUNA), que respaldó a Ford durante las elecciones de la primavera pasada, calificó el Proyecto de Ley 28 como un ataque a las libertades fundamentales de los canadienses.
