Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) reivindicaron hoy su «derecho» a tomar «prisioneros de guerra», práctica que el Gobierno de Colombia calificó como «secuestros» al admitir que ese anuncio es un atentado contra el proceso de paz que se lleva a cabo en La Habana.
Estas diferencias irrumpieron en el clima de la negociación un día antes de que las partes retomen los diálogos en la capital cubana, después de que unos y otros hayan destacado las «aproximaciones» y el «buen ritmo» del proceso que empezó en noviembre de 2012.
Pero el viernes pasado las FARC tomaron cautivos a dos policías en una zona rural del suroeste del país, en el municipio de Pradera (Valle del Cauca), y a través de su blog y twitter, los negociadores del grupo insurgente defendieron el martes su «potestad» de tomar uniformados cautivos en el marco del conflicto.
«Nos reservamos el derecho a capturar como prisioneros a los miembros de la fuerza pública que se han rendido en combate. Ellos se llaman prisioneros de guerra, y este fenómeno se da en cualquier conflicto que haya en el mundo», expusieron en un comunicado.
Tanto el vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón, como el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, discreparon del uso del estatus de «prisionero de guerra», que según el Derecho Internacional Humanitario (DIH) sólo se aplica en conflictos armados internacionales.
«Las cosas hay que llamarlas por su nombre, un secuestro es un secuestro, no importa quién sea la víctima», dijo con contundencia De la Calle en la sede de la Presidencia, la Casa de Nariño, antes de partir hacia la capital cubana con su equipo.
Además, para De la Calle, la reivindicación de la práctica del «secuestro» es «una respuesta equivocada que atenta contra el proceso» de paz y refleja «todo lo contrario a lo que (la guerrilla) debería estar haciendo».
«Si las FARC no les ponen la cara a las víctimas este proceso no tiene ninguna posibilidad», agregó al puntualizar que el objetivo de este diálogo es «terminar el conflicto», y que si esa no es la intención de la guerrilla, «que lo digan de una vez para no hacerle perder el tiempo al Gobierno de los colombianos».
El líder negociador del Gobierno recalcó, además, que las FARC «se equivocan si piensan que con acciones de este tipo van a obligar al Gobierno a declarar un cese el fuego bilateral», pues el mandato del presidente Juan Manuel Santos es que la fuerza pública siga «persiguiendo a las FARC en todo el territorio nacional».
El vicepresidente de Colombia tildó hoy de «desafortunado» y «desafiante» para el proceso de paz que las FARC defiendan su potestad de tomar rehenes o «prisioneros de guerra».
En una entrevista con una emisora bogotana, Garzón consideró que «cuando se quiere desafiar, se quiere romper el acuerdo», y que por eso el Gobierno colombiano deberá estudiar el mensaje divulgado por los negociadores de la guerrilla.
Por su parte, el periodista Enrique Santos, hermano del presidente colombiano, y quien participó en la primera fase de las negociaciones de paz con las FARC pidió hoy acelerar el ritmo del proceso porque «si no se oxigena, puede morir».
Los portavoces guerrilleros han reclamado una tregua bilateral desde el inicio del proceso, aunque el Gobierno se ha cerrado en el mandato de mantener las operaciones militares en el país.
No obstante, las FARC declararon un alto el fuego unilateral de dos meses durante la temporada navideña, que llegó a su fin el pasado 20 de enero.
Otra tradicional petición de la guerrilla es «la suscripción de un tratado de regularización de la guerra», que tampoco ha tenido buena acogida por parte del Gobierno.
«Eso quiere decir que no vamos a entrar en ningunas conversaciones para regularizar el conflicto, como dicen las FARC, que no es otra cosa que su vieja pretensión de institucionalizarlo y prolongarlo indefinidamente», acotó De la Calle.
Las FARC se comprometieron en febrero de 2002 a «no realizar más retenciones de carácter económico, aunque se mantenga la vigencia de la Ley 002 referida a impuestación para la financiación», recordaron en su comunicado.
Esta norma interna, que fue dada a conocer durante los anteriores diálogos de paz fallidos del Caguán (1998-2002), establece que cualquier persona natural con un patrimonio superior al millón de dólares debe pagar el 10 por ciento de ese monto a la guerrilla para no ser secuestrado.
Ana Gómez/ Bogotá, 30 ene (EFE).-
