Las FARC insistieron hoy en la necesidad de «desmontar» los mecanismos militares que han posibilitado el «terrorismo de Estado» en Colombia, como principio para pactar garantías consensuadas entre las partes que negocian el fin del conflicto armado y la transición a la paz.
El proceso que enfrenta Colombia «no puede ser posible o factible si se pretende que el Estado, responsable fundamental en la generación y la permanencia de la confrontación, actúe como juez de la misma, o que, luego de medio siglo de lucha, la legítima resistencia armada deba terminar con sus protagonistas tras las rejas», indicó un comunicado de los rebeldes divulgado en La Habana.
El texto, leído ante medios de prensa por el guerrillero «Jesús Santrich», cita algunas apreciaciones del fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre, en torno al proceso de «justicia transicional» y el escenario posguerra, con las cuales la insurgencia dice coincidir.
En concreto, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dan razón a Montealegre por señalar que «el gran desafío del posconflicto va a ser la guerra sucia», y que ese escenario se convertirá en «uno de los grandes desafíos del Estado colombiano».
«Por ello cobra valor la necesidad de pactar y poner en práctica los mecanismos que permitan desmontar la Doctrina de la Seguridad Nacional, la concepción del enemigo interno y el paramilitarismo, como factores que han hecho posible el terrorismo de Estado», resaltaron.
En ese marco, los rebeldes insistieron además en la necesidad de pactar «efectivas garantías» políticas y de derechos humanos para movimientos sociales y organizaciones políticas, y de involucrar a la ciudadanía en el proceso.
Subrayaron también su postura de que toda norma relacionada con la transición debería ser consensuada y aprobada por una Asamblea Constituyente.
Por otra parte, la guerrilla volvió a pedir la creación de una comisión de revisión y esclarecimiento de la historia del conflicto colombiano si se quiere «identificar a los máximos responsables».
«Como se podrá notar, este asunto de los máximos responsables resulta más complejo de lo que se piensa, no es un asunto meramente punitivo, o que deba ser tratado inmiscuyendo jurisdicciones foráneas que no saben suficientemente de nuestra realidad. Para el logro de la paz debe prevalecer la soberanía jurídica», añadió el comunicado.
El Gobierno colombiano y las FARC negocian la paz desde noviembre de 2012 en una mesa de diálogos que tiene sede permanente en La Habana, donde esta semana las partes iniciaron el decimoquinto ciclo de conversaciones.
La Habana, 5 oct (EFE).-
