La existencia de una supuesta red de corrupción en las millonarias compras y licitaciones del Ejército de Colombia, revelada hoy por la prensa, ha puesto contra las cuerdas a esa institución que desde hace dos semanas está en medio de otro escándalo por las actividades de sus servicios de espionaje.
Según revela en su última edición la revista Semana, con base en grabaciones telefónicas, en el Ejército se hicieron en los dos últimos años contratos amañados en los cuales supuestamente intervinieron miembros de la cúpula militar y oficiales que están presos por ejecuciones extrajudiciales, conocidas en el país como «falsos positivos».
Parte del dinero obtenido con esos contratos al parecer fue utilizado para ayudar a militares que están encarcelados por violaciones a los derechos humanos.
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, que consideró «inaceptable» la supuesta corrupción en las Fuerzas Armadas, ordenó a su ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, «que de inmediato proceda con las decisiones contundentes y ejemplarizantes a que haya lugar, y las informe al país».
Pinzón, quien estaba reunido en Cartagena (norte) con el ministro de Exteriores británico, William Hague, no escondió la gravedad de la situación y aseguró que en el Gobierno están haciendo «un análisis muy juicioso para tomar las decisiones oportunas y necesarias».
Los contratos amañados incluyen desde la compra de equipos y de material de intendencia hasta la gasolina para los vehículos, y en muchos casos los precios cobrados al Ejército están muy por encima del valor real de mercado, según algunas conversaciones publicadas por la revista.
En una de ellas, uno de los interlocutores del coronel Róbinson González del Río, detenido desde 2012 por la ejecución extrajudicial de dos campesinos ocurrida en 2007 y quien aparece como eje de las corruptelas, le cuenta de sus gestiones con otros militares para conseguir a dedo un contrato de 14.000 millones de pesos (unos siete millones de dólares), de la División de Asalto Aéreo del Ejército.
Debido a la guerra contra los grupos guerrilleros, paramilitares y mafias de narcotraficantes, el sector de Defensa de Colombia maneja un importante presupuesto que para este año es de 27 billones de pesos (unos 13.350 millones de dólares), equivalentes al 3,7 % del PIB del país.
«Muy graves los hechos de corrupción que se han denunciado al interior del Ejército Nacional», dijo Santos en un comunicado.
El presidente añadió que pidió a la Fiscalía «darle prioridad a esta investigación», y lo mismo a la Procuraduría (Ministerio Público y órgano de control disciplinario) y la Contraloría, que hace las funciones de tribunal de cuentas, pues consideró que estos hechos no pueden quedar en manos de la justicia penal militar.
Las denuncias salpican al máximo comandante militar de Colombia, el general Leonardo Barrero, quien llegó a ese cargo en agosto pasado como una estrella en ascenso del Ejército por los golpes que propinó a la guerrilla como jefe del Comando Conjunto del Suroccidente.
Según una grabación de finales de 2012, el general Barrero mantuvo contacto telefónico con el coronel González del Río, en la época ya detenido en una guarnición militar desde donde al parecer manejaba negocios con el Ejército.
En esa conversación no se habla de contratos pero sí de la situación jurídica de González del Río y Barrero sugiere a su subalterno una campaña de desprestigio de los fiscales que lo acusan: «Hagan una mafia para denunciar fiscales y toda esa güevonada (sic)», le dijo el general al coronel, según la revista.
El general Barrero aseguró este domingo que está tranquilo porque no intervino en ninguna contratación del Ejército, al tiempo que se disculpó con la Fiscalía y el país «por el desafortunado empleo de expresiones que considero apresuradas y desobligantes».
Para Barrero, «ninguno de los audios publicados por la revista Semana permite deducir que el Comandante General de las Fuerzas Militares haya participado en actos de corrupción».
Este escándalo se suma al destapado el pasado 4 de febrero, también por Semana, según la cual desde la fachada de una central de inteligencia militar se espió a personalidades políticas del país, entre ellos miembros del equipo negociador del Gobierno en los diálogos de paz con las FARC en Cuba.
Por ese caso fueron «relevados» de sus cargos dos generales de la jefatura de Inteligencia del Ejército mientras que la Inspección de ese cuerpo recomendó relevar de sus cargos a otros seis funcionarios que participaron directamente en la operación para garantizar la transparencia de las investigaciones.
Bogotá, 16 feb (EFE).-
