Río de Janeiro, 4 ago (EFE).- Brasil llega a los Juegos Olímpicos, que se inauguran este viernes, inmerso en una profunda crisis política y económica que avanza ajena a la mayor cita deportiva del mundo y que, según las últimas encuestas, no ha logrado encandilar a los brasileños.
Los primeros Juegos Olímpicos de Sudamérica arrancan el viernes en un momento en que Brasil cuenta con dos presidentes, el interino Michel Temer y la suspendida Dilma Rousseff, y en que enfrenta la peor recesión en muchas décadas, después de que su economía se contrajera un 3,8 % el año pasado.
Y ni la concentración del país en la cita mundial impidió que la crisis política diera un nuevo paso este jueves con una decisión que dejó a Rousseff al borde de su definitiva destitución.
La comisión del Senado encargada del juicio preliminar contra la presidenta suspendida aprobó hoy, por 14 votos a favor y 5 contra, un informe que acusa a Rousseff de haber «atentado contra la Constitución» por su responsabilidad en diversas irregularidades en la gestión de los presupuestos.
El mismo informe será sometido ahora al pleno del Senado en dos votaciones, la primera prevista para el próximo martes y la segunda para finales de agosto.
En la segunda y definitiva votación, Rousseff sería despojada del cargo en caso de que así lo decida una mayoría calificada de 54 votos, que representan dos tercios de la Cámara Alta.
En ese caso Temer, que asumió interinamente el 12 de mayo y a quien la mandataria acusa de haber orquestado «un golpe», será confirmado en el cargo y completará el mandato que vence el 1 de enero de 2019.
La presidenta suspendida aún conserva el apoyo de menguados movimientos sociales, que han convocado a protestas en Río de Janeiro para este viernes, poco antes de que los Juegos Olímpicos sean declarados abiertos por Temer.
La mandataria suspendida también rechazó la invitación que recibió para participar en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos por considerar que, tras haber sido protagonista en la organización del evento, no podía tener un papel secundario ahora.
Lo mismo alegó su padrino político y antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente de Brasil que convenció en 2009 a los miembros del COI a concederle los Juegos Olímpicos a Río.
Los grupos que han convocado las protestas quieren manifestar su rechazo a Temer, a quien prometen abuchear en el Maracaná.
Los mismos movimientos expresan abiertamente su rechazo a los Juegos y argumentan que Río de Janeiro, golpeada fuertemente por la crisis económica, vive una «calamidad olímpica» por causa de su empeño en «obras absurdas» para los Juegos, un «caos» en la educación y salud pública y la «especulación inmobiliaria» desatada por el evento deportivo, que ha perjudicado «a los más pobres».
Las protestas contra los Juegos, sin embargo, no han tenido tanta acogida como las convocadas contra el Mundial de fútbol que Brasil 2014, cuando millones de brasileños tomaron las calles en cientos de ciudades para exigir más inversiones sociales y menos en estadios.
A la crisis política también se atribuye el menguado número de jefes de Estado y de Gobierno esperado para la inauguración de los Juegos Olímpicos, ya que algunos mandatarios han manifestado apoyo a Rousseff y otros prefieren esperar a que el Senado se pronuncie.
Hasta ahora sólo 45 gobernantes han confirmado presencia en la ceremonia de mañana, un número muy inferior al casi centenar que prestigió tanto los Juegos de Londres 2012 como los de Pekín 2008.
La crisis económica del país también ha proseguido ajena a los Juegos Olímpicos pese a que, según autoridades que participaron hoy en un seminario sobre el legado olímpico, la organización de los Juegos ayudó a Río a atenuar la crisis del país.
Mientras que la renta per cápita en Brasil creció un 19 % desde 2009, cuando Río se adjudicó los Juegos Olímpicos, la de este estado brasileño creció un 30 %, dijo en el seminario el gobernador de Río de Janeiro, Francisco Dornelles.
Los inversiones que Río atrajo por sus Juegos Olímpicos, sin embargo, no impidieron que el gobierno regional tuviera que declarar «calamidad pública» en sus finanzas hace dos meses y solicitara ayuda para pagar los salarios, incluso de los policías que garantizarán la seguridad durante los Juegos.
El ambiente negativo que antecede a los Juegos tal vez explica el poco respaldo de los brasileños al evento.
Según una encuesta divulgada en julio, el 50 % de los brasileños se opone a la celebración del evento, un 63 % considera que los Juegos traerán más perjuicios que ventajas a Brasil, el 57 % dijo que la seguridad pública causará vergüenza a Brasil y el 55 % mostró esa misma preocupación en relación al sistema de transporte.
El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, expresó esta semana su «solidaridad y empatía» con el país ante «la realidad que impera en Brasil y las dificultades que afronta».
