Cientos de jueces federales enfrentan la misma tarea todos los días: revisar una declaración jurada presentada por agentes federales y aprobar solicitudes de orden de allanamiento. Pero para el juez magistrado estadounidense Bruce Reinhart, las consecuencias de su decisión de aprobar una orden de allanamiento han estado lejos de ser rutinarias.
Se ha enfrentado a una tormenta de amenazas de muerte desde que su firma a principios de este mes allanó el camino para que el FBI registrara la propiedad Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump como parte de una investigación sobre si eliminó inapropiadamente materiales confidenciales de la Casa Blanca. La dirección de la casa de Reinhart se publicó en sitios de derecha, junto con insultos antisemitas. La sinagoga del sur de Florida a la que asiste canceló sus servicios de Shabat del viernes por la noche a raíz del alboroto.
Trump ha hecho poco para bajar la temperatura entre sus partidarios, denunciando la búsqueda como una persecución política y pidiendo a Reinhart que se recuse en el caso porque anteriormente hizo donaciones políticas a los demócratas. Sin embargo, Reinhart también ha contribuido a los republicanos.
Las amenazas contra Reinhart son parte de un ataque más amplio contra las fuerzas del orden, particularmente el FBI, por parte de Trump y sus aliados después de la búsqueda. Pero los expertos advierten que centrarse en un juez, en medio de un aumento de las amenazas al poder judicial en general, es peligroso para el estado de derecho en EE. UU. y la viabilidad del país como democracia.
«Las amenazas contra los jueces que cumplen con sus responsabilidades constitucionales golpean el núcleo mismo de nuestra democracia», indicó el juez del Segundo Circuito de EE. UU. Richard J. Sullivan, presidente del Comité de Seguridad Judicial de la Conferencia Judicial, en un comunicado emitido recientemente después de la búsqueda. «Los jueces no deberían tener que temer represalias por hacer su trabajo».
Cuando se le pidió que comentara sobre las medidas que ha tomado para proteger a Reinhart y su familia, el Servicio de Alguaciles de EE. UU. afirmó en un comunicado que «si bien no discutimos nuestras medidas de seguridad específicas, revisamos continuamente las medidas vigentes y tomamos las medidas adecuadas para brindar protección según sea necesario para garantizar la integridad del proceso judicial federal”.
El vitriolo dirigido al magistrado, aunque impactante, es cada vez más común. En 2014, el Servicio de Alguaciles de EE. UU. manejó 768 incidentes que clasificó como «comunicaciones inapropiadas» dirigidas a jueces y empleados de la corte. El año pasado, reportó más de 4.500.
En junio, un juez de circuito retirado del condado de Wisconsin, John Roemer, fue asesinado en su casa en lo que las autoridades dijeron que fue un asesinato selectivo por parte de un hombre armado, quien también se hirió fatalmente. Más tarde ese mes, los manifestantes convergieron en las casas de los jueces conservadores de la Corte Suprema de EE. UU. después de que anularon un fallo de 49 años que establecía que las mujeres tienen el derecho constitucional a abortar. La policía arrestó a un hombre con cuchillos, bridas y una pistola cerca de la casa del juez Brett Kavanaugh y dijo que planeaba matar al juez conservador. El Congreso aprobó rápidamente dinero para reforzar la seguridad en los hogares de los jueces y brindar protección las 24 horas a sus familias.
El aumento de los ataques contra los jueces se produce cuando la confianza en las instituciones públicas se desploma y la retórica partidista aumenta. Es parte de un patrón que Steven Levitsky ha visto antes.
