La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, arribó este sábado a La Habana, Cuba, para presentar a la isla los beneficios de la llamada Ley Antibloqueo, una propuesta del presidente Nicolás Maduro para evadir las sanciones económicas de Estados Unidos.
En una nota de prensa, la Vicepresidencia venezolana informó que Rodríguez busca presentar las «ventajas y beneficios de la Ley Antibloqueo para el desarrollo nacional y las garantías de los derechos humanos, y abrir caminos para fijar nuevas alianzas estratégicas en el orden económico con la mayor de las Antillas».
A la vicepresidenta la acompaña el viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo; el viceministro de Comercio Exterior y Promociones de Inversiones, Héctor Silva; la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez; el ministro de Salud, Carlos Alvarado y el presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), Asdrubal Chávez.
Según el texto, Rodríguez sostendrá encuentros con altos funcionarios del Gobierno cubano.
La Ley Antibloqueo fue aprobada en octubre por la extinta Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, que estuvo integrada solo por oficialistas y no reconocida por varios países, luego de un único debate en el que no se discutieron los 44 artículos, sino que tres oradores defendieron la necesidad de darle luz verde con urgencia.
Este marco legal tiene como razón de ser, según su artículo 1, proveer al «poder público» de herramientas jurídicas para «contrarrestar, mitigar y reducir, de manera efectiva, urgente y necesaria, los efectos nocivos generados por la imposición» de sanciones financieras, principalmente las aplicadas por Estados Unidos.
Según el artículo 19, «cuando resulte necesario para superar los obstáculos o compensar los daños (de las sanciones)» el Ejecutivo procederá a «inaplicar para casos específicos aquellas normas de rango legal o sublegal cuya aplicación resulta imposible o contraproducente».
La ley fue redactada y propuesta por Maduro, según él mismo, y tendrá vigencia en Venezuela hasta que cesen todas las sanciones impuestas que, según el Ejecutivo, son más de 300 solo las aplicadas desde Estados Unidos.
