La Sala de lo Constitucional del tribunal supremo de El Salvador ha vuelto a agitar el clima político, ya caldeado por la campaña para los comicios de 2014, al anular la elección del presidente del Poder Judicial, Salomón Padilla, en uno más de sus polémicos fallos.
En su resolución contra Padilla, quien ya dejó el cargo, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) argumentó que tomó la decisión, el lunes, «debido a la contradicción a la Constitución, en cuanto al principio de independencia judicial con respecto a los partidos políticos».
Padilla fue elegido el 21 de agosto de 2012 junto a otros 19 magistrados cuyas designaciones fueron anuladas en junio de ese año por la Sala de lo Constitucional, lo que había desatado la más grave crisis institucional de los últimos años en el país.
Tras su elección, Padilla proclamó su militancia en el gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), por lo que dos ciudadanos lo demandaron ante la Sala de lo Constitucional en julio pasado.
La Asamblea Legislativa ha dicho que acatará la resolución y elegirá próximamente al nuevo presidente de la CSJ.
En lugar de Padilla, la CSJ está provisionalmente en manos del magistrado Florentín Meléndez por su condición de vocal de la Sala de lo Constitucional.
Pero las primeras actuaciones de Meléndez también generaron un conflicto interno al destituir a Orestes Ortez, hijo homónimo de un diputado del FMLN, como gerente jurídico de la CSJ y nombrar en su lugar al exombudsman Oscar Luna, a quien el sindicato del órgano judicial le impidió el miércoles ingresar para asumir el cargo.
El FMLN, aunque acepta el fallo, acusa a la Sala de lo Constitucional de pretender estar por encima de los poderes del Estado, en supuesta obediencia a sectores de la derecha salvadoreña.
El fallo contra Padilla es «totalmente violatorio del derecho, de nuestra Constitución», en un «esfuerzo, claramente, que la derecha ha iniciado» en busca de recuperar espacios de poder, afirmó el secretario general del FMLN, Medardo González.
«Este es un trabajo de la oligarquía, que después de perder la correlación política», en las elecciones presidenciales de 2009 y las legislativas de 2012, «ha agarrado el Poder Judicial como instrumento fundamental para recuperar lo que según ellos es de ellos», sentenció González.
Según la Constitución, «no hay ninguna subordinación (…) de poderes a un poder», pero «últimamente se ha levantado una corriente, un movimiento, de querer poner la justicia constitucional por encima de los poderes», señaló el candidato del FMLN y vicepresidente del país, Salvador Sánchez Cerén.
«Hay un poder que se arroga el derecho de decidir sobre otro poder», insistió Sánchez Cerén, y recordó que «son dos presidentes (de la CSJ) destituidos en menos de dos años» por la Sala de lo Constitucional.
En 2012, el Parlamento eligió a Ovidio Bonilla como presidente de la CSJ, pero la Sala anuló su designación y la de otros 19 magistrados mediante el fallo que desató la crisis institucional.
La opositora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA, derecha) respalda la resolución contra Padilla, aunque apoyó su elección en 2012 con base en un acuerdo político que permitió superar la crisis.
Sin embargo, «en su momento nosotros dijimos que se debía buscar la idoneidad y no partidismo dentro de la CSJ», arguyó a periodistas la diputada de ARENA Milena Calderón.
El candidato presidencial de ARENA, Norman Quijano, afirmó que el fallo contra Padilla «es coherente con la independencia judicial y el Estado de Derecho que debe existir en toda democracia».
La Sala de lo Constitucional ha dictado otros polémicos fallos, como los que anularon en tres ocasiones, entre enero y junio pasados, la elección de la Corte de Cuentas por parte del Parlamento, por considerar que sus miembros no eran idóneos.
En mayo, la Sala anuló, por ser militares, los nombramientos de los generales David Munguía Payés y Francisco Salinas como ministro de Seguridad y director de la Policía, hechos en 2011 y 2012, respectivamente, por el presidente Mauricio Funes.
Ahora, la expectativa se centra en la resolución que dicte la Sala sobre la Ley de Amnistía de 1993, que impide investigar crímenes de lesa humanidad cometidos por ambos bandos durante la guerra civil (1980-1992) y cuya anulación han pedido organismos de derechos humanos.
San Salvador, 17 oct (EFE).-
