Ginebra, 9 may (EFE).- La ONU criticó hoy el «uso excesivo de la fuerza» por parte del Gobierno de Venezuela para desbaratar una serie de «protestas pacíficas» en Caracas y señaló que ha recibido denuncias sobre falta de información del paradero de manifestantes detenidos.
«Condenamos de manera inequívoca toda violencia, por todas las partes, en Venezuela, pero estamos particularmente preocupados por los reportes acerca del excesivo uso de la fuerza por las autoridades en respuesta a las protestas», dijo en Ginebra el portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Fuerzas de seguridad desalojaron, entre otros, «un movimiento que acampaba pacíficamente» frente a la sede de la ONU en Caracas, y provocaron la salida de manifestantes a la calle para protestar por tales medidas, recordó el portavoz Rupert Colville.
Señaló que la ONU reitera su petición al Gobierno para que «garantice que la gente no será penalizada por ejercer su derecho a reunirse de forma pacífica y a la libertad de expresión».
El portavoz informó que su entidad ha recibido denuncias directas de manifestantes, familiares y abogados, y que entre ellas figura la de falta de información sobre el paradero de detenidos en los desalojos de campamentos de los últimos dos días.
La máxima instancia de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos cuestionó que la mayoría de los detenidos hayan sido conducidos a instalaciones militares, así como el hecho de que había 18 menores de edad entre ellos y una mujer embarazada.
En este contexto, dijo que causa inquietud que «la violencia y los ataques son iniciados usualmente por hombres armados dentro y alrededor de universidades venezolanas, desde el inicio de la semana».
Frente a tales hechos, Colville dijo que la alta comisionada para los Derechos Humanos, Navi Pillay, pide nuevamente al Gobierno del presidente Nicolás Maduro que inicie un diálogo inclusivo y «basado en las obligaciones de Venezuela en derechos humanos».
Pese a la importante presencia de la entidad que dirige Pillay en América Latina, ésta no cuenta con una oficina en Venezuela y hace un seguimiento de la situación en este país desde los más cercanos y a través de las denuncias que recibe.
«Para enviar gente hay que tener el consentimiento del gobierno, firmar un memorando de entendimiento. Para nosotros no es tan fácil mandar a alguien a algún lugar. El gobierno tiene que ser receptivo», comentó Colville.
