Un pequeño grupo de manifestantes invadió hoy el pleno del Parlamento de Brasil en medio de un clima de confusión, mientras en Río de Janeiro la policía disolvió una masiva protesta de empleados públicos contra los ajustes anunciados por el Gobierno.
Aunque minoritaria, la protesta realizada en pleno hemiciclo de la Cámara de Diputados tuvo un impacto mayor y hasta obligó a que fuera suspendida una sesión ordinaria de ese órgano legislativo, que canceló sus actividades mientras se mantuvo la confusión.
Sin conexión alguna, ambas protestas pusieron el dedo en la llaga de las penurias económicas que vive la primera economía suramericana y también de la profunda indignación de la sociedad con continuos escándalos de corrupción.
En el caso del Congreso, la manifestación fue promovida por unas cincuenta personas que se declararon a favor de una «intervención militar» para «librar al país de corruptos» y fueron condenados por todo el arco político nacional.
La ocupación del hemiciclo duró unas tres horas, hasta que los manifestantes fueron desalojados por la Policía Legislativa, que además ordenó la detención de todos los revoltosos, que fueron llevados a una comisaría directamente desde el Congreso.
En Río de Janeiro, la protesta tuvo un foco más local, derivado de una serie de duras medidas y ajustes económicos adoptados por el Gobierno regional para hacer frente a una situación fiscal crítica.
En la movilizaron participaron miles de empleados públicos, entre ellos policías y agentes penitenciarios, que se concentraron frente a la Asamblea Legislativa del estado de Río de Janeiro, donde era discutido un paquete de recortes que incluye rebajas de hasta un 30 por ciento en el salario de los funcionarios.
La protesta terminó con la intervención de la Policía Militar, que disolvió la manifestación con gases lacrimógenos tras varios enfrentamientos con decenas de manifestantes.
El gobernador de Río de Janeiro, Luiz Fernando Pezao, insistió en defender su plan de ajuste, aseguró que «la crisis no es de Río, sino de Brasil» y que las protestas no conducirán a nada, pues no alterarán una situación económica y fiscal calamitosa que requiere de medidas duras.
El objetivo de los recortes, defendió Pezao, es equilibrar las cuentas del estado fluminense y salir de la crisis que derivó en una declaración de «calamidad financiera» el pasado junio, en vísperas de los Juegos Olímpicos.
Entonces, cuando el mundo miraba a Río, el estado recibió fondos de la administración central para atender los compromisos olímpicos durante agosto y septiembre.
Dos meses después del final de los Juegos Paralímpicos, los funcionarios exhibían hoy carteles con la leyenda «Olimpic Games Rio 2016, welcome to hell» (Juegos Olímpicos Río 2016, bienvenido al infierno).
«No es crisis. Es robo, Es corrupción. Mientras se recorta el sueldo de los funcionarios, se aprueba un paquete de exención fiscal para sectores favorecidos. Nada es por casualidad», denunciaba Nara Gonzalves, una abogada de 40 años que participa habitualmente en las protestas aunque admite que «el gobierno ya lo tiene todo armado y no va a ceder».
A pocos metros, Marcelo Magalhaes, trabajador del Tribunal de Justicia, gritaba «gobierno corrupto, ladrón. Gastan todo y ahora quieren que los funcionarios paguen las cuentas».
Los manifestantes invitaron a la Policía Militar a sumarse a las protestas y a abrir el acceso a la Asamblea Legislativa al grito de «vergüenza».
«La casa del pueblo está pareciendo un presidio y el ciudadano está aquí, reivindicando sus derechos», denunciaron muchos de los descontentos.
La semana pasada, un grupo de manifestantes tomó durante dos horas el pleno de la Asamblea estatal y se multiplicaron los enfrentamientos con la policía en las movilizaciones, casi diarias, convocadas contra los recortes.
Río de Janeiro, 16 nov (EFE).-
