México, 27 nov (EFE).- El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, anunció hoy una serie de medidas que intentan frenar la infiltración del crimen organizado en los municipios y alcaldías de todo el país, tras la ola de protestas por la desaparición de 43 estudiantes hace dos meses en Guerrero.
En un mensaje a la nación desde el Palacio Nacional, donde estuvo acompañado por miembros de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, empresarios y organizaciones sociales, Peña Nieto dejó claro que los estados con mayor debilidad institucional son Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas, donde centrará los esfuerzos en una primera etapa.
Señaló que como ciudadano comparte «la exigencia de justicia de la sociedad» ante lo sucedido en Iguala (Guerrero), que consideró uno de los «ataques más cobardes y crueles del crimen organizado» en complicidad con policías corruptos, saldados con seis muertos, una veintena de heridos y 43 estudiantes desaparecidos.
«No pueden quedar impunes estos actos de barbarie», apuntó tras reconocer que en las últimas semanas la sociedad ha alzado «su voz para decir ya basta».
Esas personas que han salido a las calles «tienen razón: después de Iguala, México debe cambiar», dijo Peña Nieto, quien asumió el compromiso de realizar todos los esfuerzos necesarios para liberar al país «de la criminalidad, combatir la corrupción y la impunidad».
Y pidió a los mexicanos no caer en el pesimismo y no recurrir a la violencia o al vandalismo para exigir justicia.
Peña Nieto anunció también que el lunes presentará al Congreso tres reformas constitucionales, una para crear policías únicas en los 32 estados del país, otra para combatir la infiltración del crimen organizado en las alcaldías y una más para definir la competencia de cada autoridad en la lucha contra el delito.
La primera tiene como objetivo «pasar de más de 1.800 policías municipales débiles, que con facilidad pueden ser corrompidas por la delincuencia, a 32 sólidas corporaciones de seguridad estatal, que sean más confiables, más profesionales y más eficaces», apuntó.
La iniciativa, que será un «enorme reto» presupuestario y se centrará en los cuatro estados citados, prevé sanciones para los alcaldes «que no entreguen el mando policial, así como para los gobernadores que no lo ejerzan», añadió.
La segunda reforma prevé la «disolución» de un ayuntamiento «cuando existan indicios suficientes de que la autoridad local está involucrada con la delincuencia organizada», como sucedió con el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, detenido en calidad de autor intelectual de los ataques a los estudiantes de Ayotzinapa.
Sobre la tercera iniciativa, Peña Nieto explicó que redefinirá las competencias de cada autoridad en el combate al delito, «tomando en cuenta las fortalezas institucionales de los distintos órdenes de Gobierno», federal, estatal y municipal.
«Cuando la responsabilidad es de todos, en realidad no es de nadie», afirmó el presidente, al quejarse del «complejo sistema de competencias penales» en México, que «genera dispersión de responsabilidades, confusión en la aplicación de la ley y, lo más grave, impunidad».
El ejemplo más evidente de ellos -indicó- es el caso del combate al narcomenudeo o venta de drogas a pequeña escala, un problema especialmente grave en los municipios y donde la eficacia del Estado «ha sido mínima».
La presidenta de la organización Alto al Secuestro, Isabel Miranda, dijo a Efe que este anuncio muestra que las autoridades «ya se dieron cuenta de que estamos hasta el tope de corrupción en el tema de los municipios», pero cuestionó que no se toque a otros niveles de Gobierno.
«¿Por qué no se extiende a los gobernadores y a cualquier funcionario?, preguntó la activista.
Entre las medidas también figuran la creación de un número telefónico de emergencias, que podría ser el 911, el «más empleado a nivel mundial», y de una clave de identificación personal.
Además, un mayor despliegue de tropas en la región de Tierra Caliente -en Guerrero y Michoacán- y un mayor respaldo para los municipios que lo requieran en Jalisco y Tamaulipas.
El gobernante reveló por último la creación de tres zonas económicas especiales que abarcan Guerrero, Michoacán, Chiapas y Oaxaca, los estados más pobres del país, a través de una iniciativa legal que será enviada al Congreso en febrero de 2015.
El objetivo es incentivar la inversión y empleos bien remunerados con infraestructura moderna, condiciones de seguridad, facilidades adicionales para el comercio exterior, así como descuentos en impuestos y contribuciones, explicó.
El plan de desarrollo del sur del país incluye, además, un decreto de medidas de apoyo fiscal para el centro turístico de Acapulco, en Guerrero.
