Un poco más del 60% de los canadienses encuestados recientemente están de acuerdo con la implementación de multas para los no vacunados, como un impuesto a la atención médica, similar al del premier de Quebec, François Legault.
Legault explicó que los adultos en Québec que se nieguen a ser vacunados contra el COVID-19 se verán obligados a pagar una sanción económica “significativa”. La multa sería la primera de su tipo en Canadá y se aplicaría a los residentes no vacunados que no tengan una exención médica.
Una nueva encuesta publicada el miércoles por Maru Public Opinion indica que la mayoría de los canadienses están de acuerdo en que los no vacunados deberían ser penalizados de alguna forma.
Los resultados de la encuesta muestran que 4 de cada 10 (38%) de los canadienses admiten conocer a alguien en su familia o círculo de amigos que ha contraído el virus COVID-19 en los últimos 10 días.
Una encuesta anterior de Maru Public Opinion, publicada el 3 de enero, encontró que la mayoría (56%) de los canadienses estaban preocupados por contraer la variante ómicron y que 1 de cada 10 (11%) conocía a alguien entre su familia o círculo de amigos que han contraído el virus.
Esa misma encuesta concluyó que el 54% de los encuestados cree que se está subestimando el virus y la mayoría (55%) está de acuerdo en que las vacunas, o la inmunidad de las personas, las protegerán.
Encuestó a poco más de 1500 personas el 20 de diciembre.
Los resultados llegan inmediatamente después de que el ministro de salud de Canadá dijera que espera que el país llegue a un momento en la pandemia de COVID-19 en el que las provincias consideren implementar un mandato de vacunación más amplio para contrarrestar el aumento de casos.
El premier de Alberta, Jason Kenney, rechazó la idea de las vacunas obligatorias en una publicación en las redes sociales poco después de la conferencia de prensa de Duclos. Si bien sigue alentando a las personas a vacunarse, Kenney expresó que es una elección personal.
Por el contrario, la mayoría (56%) de los encuestados en una encuesta realizada por Leger y la Asociación de Estudios Canadienses (ACS) están de acuerdo en que los gobiernos están tomando las decisiones correctas para limitar la propagación de ómicron y mantener el sistema de salud.
Otro 31% manifestó que no creía que ómicron representara un riesgo grave para la salud de la mayoría de los infectados y que los gobiernos deberían levantar las restricciones de salud pública y permitir que los canadienses vivan sus vidas.
Varias provincias dicen que la ola impulsada por ómicron amenaza con abrumar sus sistemas de salud, con hospitalizaciones cercanas o alcanzando máximos históricos en Québec, Ontario y New Brunswick.
