La libertad de prensa, de expresión y el derecho al acceso a la información pública están «en riesgo» en El Salvador ante la situación de «ataques» generada por el Gobierno del presidente Nayib Bukele en contra de los medios de comunicación de investigación e independientes, dijo en una entrevista la periodista Mónica Rodríguez.
«Siento que estamos en una situación bastante compleja en el periodismo, la libertad de expresión, de prensa y el derecho al acceso a la información, siento que están en riesgo, yo siento que ahora más que nunca», dijo la también miembro de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).
Rodríguez señaló que el centro de monitoreo de la gremial ha registrado entre 60 y 80 denuncias «de cosas (ataques) que han sucedido por parte de funcionarios y ataques por parte del mismo presidente a ciertos medios que lo cuestionan».
La periodista indicó que, por ejemplo, «El Faro le sacó todo tipo de investigaciones que involucraban a gente de Arena (Alianza Republicana Nacionalista) y del Frente (Farabundo Martí para la Liberación Nacional), por lo que no puede alegar (el presidente) que hay algo contra él».
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció recientemente «el grave deterioro» de la libertad de prensa en El Salvador debido a las amenazas, intimidación, campañas de descrédito y acoso fiscal contra medios, periodistas y opositores críticos que lleva a cabo el Gobierno del presidente Bukele.
La SIP se hizo eco en un comunicado de la investigación que, según anunció el 24 de septiembre el presidente Bukele, lleva a cabo el Ministerio de Hacienda sobre el periódico digital El Faro por supuesto lavado de dinero y evasión tributaria.
«Para mí, sí está en riesgo lo que se ha logrado hasta este momento (en cuanto a libertad de prensa y de expresión). No hay un respeto hacia la prensa y sobre todo a aquellos que critican, que presentan un punto diferente al de él (Bukele)», enfatizó.
Señaló que «cada medio de comunicación tiene una línea editorial y cada medio saca las versiones de las cosas que consideran pertinente, pero cuando se saca algo de este Gobierno él (Bukele) piensa que es en contra de él o en su detrimento».
Rodríguez trabajaba en el Canal 10, estatal, pero el pasado 2 de octubre fue cesada tras nueve años de ejercer su labor en dicho medio y ahora la comunicadora denuncia la falta de un debido proceso en su caso.
El caso de Rodríguez
La comunicadora llegó a Canal 10, la única televisión estatal en el país, en 2009 para realizar prácticas, luego en 2011 le otorgaron un contrato, según comentó.
«Me puedo sentir orgullosa porque no llegué por un partido político, que es lo que ocurre normalmente en Canal 10, porque cada quien trae a sus personas (…) yo puedo decir que me gané mi puesto, hice mis prácticas, luché por mi puesto y me siento bien por eso», dijo.
La periodista relató que comenzó reporteando para el Noticiero Panorama y su fuente era el expresidente Mauricio Funes (2009-2014), luego el sucesor de este, Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), y también cubría otras fuentes políticas.
Además, coordinaba un programa de memoria histórica y la entrevista Agenda Ciudadana, en la que se invitaban a diferentes actores políticos y sociales del país.
«Siempre te genera un poco de temor el cambio de Gobierno porque vienen nuevas personas, y hay esa inestabilidad, pero con esta nueva administración ha sido más complicado», manifestó.
La comunicadora señaló que «difícilmente se puede hacer periodismo en un medio estatal, realmente se lleva la voz oficial del Gobierno que está de turno, pero lo que actualmente se está viviendo es preocupante».
Los despidos
Rodríguez comentó que los primeros despidos se realizaron en septiembre de 2019 y que en ese momento «se fueron al menos 35 personas de diferentes áreas de la radio (nacional) y de la televisión, y en diciembre se vino la segunda ola de despidos en la que se fueron la mitad del personal de prensa, entre editores, camarógrafos y periodistas».
«Yo siempre tuve esa sensación de que me iban a despedir, porque criticaban mi pertenencia en la APES y me asociaban al partido (al FMLN) porque fue en su administración que entré, pero al salvarme de los despidos del año pasado pensé que no sucedería. Sin embargo, empezaron a arreciar una serie de situaciones», dijo.
Indicó que «en los últimos días antes de que me despidieran arreciaron otras acciones, al grado de llegar al hostigamiento para ver qué hacía, o si me negaba hacer algo, siento como que esa era estrategia de quererme sofocar y sacarte de las casillas para tener una excusa y despedirme».
Sin embargo, Rodríguez señaló que a ella le dijeron que «iba a ver una supresión de plaza (aunque al mismo tiempo me dijeron que eso no sería así) y que por eso me cesaban, pero no firme porque la indemnización que me ofrecen en menos de lo que me corresponde y porque no hay un debido proceso en mi caso».
«Me dijeron que era por pérdida de confianza, pero no ocupé nunca un cargo de confianza, yo creo que tiene que ver más con estar en la APES», acotó.
Rodríguez pertenece a la APES desde hace unos cuatro años y, según aseguró, desde esta asociación también se denunciaron los despidos hechos por las pasadas Administraciones y «yo siempre estuve de acuerdo con ello».
«Yo no he cometido ninguna falta, y espero que así esté reflejado en mí expediente al que no he podido acceder, porque si eso no es así, sería algo más grave entonces», añadió.
Rodríguez dijo que actualmente se asesora legalmente «para ver qué puedo hacer», porque, según sus abogados, «no han seguido en debido proceso».
«Actualmente no se puede hablar mal del presidente y no es diferente a lo que pasaba con Funes y Cerén, no tiene ninguna diferencia en ese sentido, en ellos también habían momentos de censura, pero siento que en esta Administración la situación es más crítica», agregó.