La Fiscalía General de El Salvador integró hoy una comisión que investigará el contrato entre una empresa pública de energía salvadoreña y una compañía privada italiana por cuyo supuesto incumplimiento el Estado salvadoreño fue condenado en 2011 por un tribunal de arbitraje internacional.
El fiscal general, Luis Antonio Martínez, dijo que la comisión está integrada por tres abogados salvadoreños y que él la nombró ante las denuncias públicas del presidente del país, Mauricio Funes, y de otras personas, sobre este polémico caso.
«La terna tendrá que analizar desde que se firmó el contrato hasta la fecha, brindando una pronta respuesta a las denuncias», declaró Martínez a los periodistas.
La investigación de la Fiscalía se suma a la que el Parlamento salvadoreño abrió el pasado 12 de febrero a petición de varios partidos políticos.
Funes ha denunciado en las últimas semanas que el contrato con la italiana ENEL conlleva la «privatización encubierta» de la empresa estatal salvadoreña de energía geotérmica LaGeo y que no fue aprobado por el Parlamento.
La negociación del contrato se llevó a cabo en el Gobierno de Francisco Flores (1999-2004), de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA, derecha), actualmente en la oposición.
El contrato fue firmado en 2002 por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) con la Ente Nazionale per l’Energia eLettrica (ENEL), la principal empresa de energía de Italia.
ENEL ganó una licitación internacional celebrada por el Gobierno salvadoreño y en 2002 se firmó el acuerdo de inversión mediante el cual la compañía italiana se convirtió en accionista de LaGeo, cuyo socio mayoritario es la CEL a través de la subsidiaria Inversiones Energéticas (INE).
El contrato establece que las inversiones de ENEL se convertirían en acciones de LaGeo, con lo cual la empresa italiana pasaría a ser el socio mayoritario a medida que invirtiera.
Sin embargo, el supuesto incumplimiento se dio cuando la CEL rechazó que ENEL invirtiera 127 millones de dólares.
Según Funes, mediante esa operación la compañía italiana pasaría de tener el 36% al 53% de las acciones de LaGeo, que así se convertiría en una empresa privada.
Además, el gobernante ha denunciado que el contrato original fue modificado en secreto por los responsables de la CEL en aquel entonces para permitirle esa ventaja a ENEL.
En 2008, ENEL demandó al Estado salvadoreño ante la Cámara Internacional de Comercio (ICC, por su sigla en inglés), con sede en París, por unos 120 millones de dólares, bajo el argumento de que se había incumplido el contrato de inversión que le permitiría adquirir más acciones de LaGeo.
El organismo de arbitraje falló a favor de ENEL en 2011 y en enero pasado ratificó su resolución tras rechazar un recurso del Estado salvadoreño, según confirmó recientemente a la prensa el presidente de la CEL, Leopoldo Samour.
Funes ha dicho que su Gobierno respeta el fallo pero que aún hay margen para presentar nuevos recursos legales y que no permitirá que se privatice el recurso geotérmico del país.
Por su parte, el expresidente Flores ha dicho a la prensa que el contrato se firmó dentro de la legalidad y que está dispuesto a rendir las explicaciones del caso.
(EFE).-
