La Fiscalía colombiana llamó este martes a juicio al empresario Álex Saab -acusado de ser testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro- por lavado de activos, delito por el que fue capturado el pasado viernes en Cabo Verde en respuesta a una petición de Estados Unidos.
El organismo anunció que seguirá con los procesos penales y las investigaciones que tiene contra Saab, aunque él no se encuentre en el país.
«La Fiscalía continúa con las acciones tanto de extinción de derecho de dominio como de las investigaciones en etapa de indagación. Para nosotros la actividad judicial continuaría a pesar de que él no se encuentre en territorio colombiano», explicó la vicefiscal colombiana, Martha Mancera, en una rueda de prensa.
Según el ente investigador, en 2016 y a través de la empresa Promotora Dubera SAS, Saab y otras cuatro personas cometieron varias actividades irregulares vinculadas a los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, exportaciones e importaciones ficticias y estafa agravada.
«Esta persona continuará vinculada dentro del juicio que se le va a adelantar ante el juez especializado de Barranquilla», detalló Mancera, quien aseguró que la audiencia de acusación contra Saab, programada para marzo de este año, no se pudo hacer por la pandemia del coronavirus.
SIETE BIENES EXPROPIADOS
El anuncio de la detención de Saab se produjo después de que el pasado 9 de junio la Fiscalía colombiana impusiera medidas cautelares con fines de extinción de dominio (expropiación) a siete inmuebles que harían parte del patrimonio ilícito que constituyó el empresario a través de operaciones financieras irregulares.
De acuerdo con la Fiscalía, esos bienes tienen un valor de 35.000 millones de pesos (unos 9,7 millones de dólares) y están en Barranquilla.
«Con relación al proceso de captura en Cabo Verde, nosotros no participamos en ese procedimiento», aclaró Mancera al explicar que Colombia tampoco tiene vínculos en sus actividades de investigación con las autoridades de Venezuela.
El abogado del empresario, José Manuel Pinto Monteiro, dijo este martes a Efe desde Praia, capital de Cabo Verde, que ve indicios de irregularidad procesal en la detención de su cliente en ese país.
Saab, nacido en la ciudad caribeña de Barranquilla y de ascendencia libanesa, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
BLANQUEO DE MILLONES DE DÓLARES
Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los CLAP, que se entregan a los más pobres, tanto el empresario colombiano como tres hijastros de Maduro al parecer se lucraron con «cientos de millones de dólares».
Las autoridades de EE.UU. también presentaron cargos en julio pasado contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a quienes acusan de blanquear hasta 350 millones de dólares que supuestamente defraudaron a través del sistema de control cambiario en Venezuela.
Según EE.UU., entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y Pulido se confabularon con otros para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por el que Washington tiene jurisdicción en el caso.
Por esa razón, Saab y Pulido tienen una causa abierta por conspiración para blanquear dinero desde 2019 en los tribunales federales del distrito sur de Florida, y el juez Robert N. Scola Jr. los declaró prófugos de la Justicia el 26 de agosto del año pasado.
«Una vez se decida sobre la eventual extradición hacia los Estados Unidos nosotros entraremos, junto con nuestra oficina de asuntos internacionales, a hacer lo propio en la colaboración que requerimos para continuar con el juicio oral que tenemos en Colombia», explicó la vicefiscal Mancera.
