La Fiscalía del Reino Unido informó hoy de que está evaluando la queja de un grupo de ciudadanos que acusan a la campaña que defendió el «brexit» antes del referéndum del 23 de junio de haber «engañado» a los británicos, con datos inexactos sobre la Unión Europea (UE).
La Fiscalía de la Corona (CPS, en inglés) confirmó, a través de un portavoz, que ha recibido el escrito de esa agrupación independiente, liderada por el experto en Ley Electoral de la Universidad de Buckingham Bob Watt, y que está «considerando su contenido».
La misiva sostiene que las campañas «Vote Leave» -cuya cara visible fue el ministro de Exteriores, Boris Johnson- y «Leave.EU» -apoyada por el entonces líder del eurófobo UKIP, Nigel Farage- vulneraron la legislación electoral.
La acusación en manos de la Fiscalía argumenta que ambas organizaciones ejercieron una «influencia indebida» sobre los ciudadanos al haber hecho «afirmaciones que eran engañosas a sabiendas».
Entre las supuestas informaciones tergiversadas, la carta señala la promesa de que la salida de la Unión Europea proporcionaría 350 millones de libras a la semana (392 millones de euros) al Servicio Nacional de Salud británico (NHS, en inglés).
Horas después de conocerse la victoria del «brexit» en las urnas, con un 51,9 % de los votos, Farage reconoció que fue un «error» hacer esa promesa y puntualizó que esos fondos para invertir en sanidad no están garantizados.
Johnson recorrió el Reino Unido durante las semanas previas a la consulta en un autobús que llevaba impresa esa cifra sobre la leyenda: «Vamos a retomar el control».
Watt y el grupo que se ha quejado ante la Fiscalía consideran que esa afirmación era contraria a los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas británica (ONS), por lo que creen que quienes hicieron esa promesa podían saber que era inexacta.
El texto resalta además supuestas falsas informaciones impresas en panfletos favorables al «brexit» en las que se sugería que empresas como Nissan y Unilever eran favorables a abandonar el bloque comunitario.
También se citan carteles de campaña en los que se alertaba de que «Turquía se va a unir a la UE» y de que «el Reino Unido no cuenta con controles fronterizos mientras esté dentro de la UE».
La Fiscalía británica suele requerir que la policía interponga una denuncia para estudiar un caso, con excepción de aquellos asuntos que puedan constituir un fraude electoral, que pueden ser elevados al organismo directamente por los ciudadanos.
La semana pasada, el Tribunal Superior británico falló a favor de diversas iniciativas ciudadanas que pedían que el Gobierno tenga que pedir permiso ante el Parlamento antes de activar la salida de la Unión Europea.
El Ejecutivo de la primera ministra, la conservadora Theresa May, ha recurrido esa decisión ante el Tribunal Supremo y se ha mostrado confiado en que ese revés judicial no retrasará el calendario establecido para el «brexit».
Londres, 7 nov (EFE).-
