Guatemala, 2 sep (EFE).- La fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, aseguró hoy que el presidente del país, Otto Pérez Molina, será condenado por la Justicia por su supuesta implicación en un escándalo de corrupción, aunque desconoce cuánto tiempo tardará el proceso judicial para declararlo culpable.
«La sentencia será condenatoria, pero esto lleva su fase y no se sabe cuánto tiempo se llevará para llegar a la sentencia», dijo Aldana este miércoles en referencia a Pérez Molina, a quien el Congreso retiró el martes la inmunidad que gozaba en su cargo.
La fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP) reiteró que existen suficientes elementos que vinculan al mandatario con una estructura de corrupción desarticulada en el ente recaudador de impuestos, bautizada por las autoridades como «La Línea».
La funcionaria consideró además que las pruebas del caso, con casi 90.000 escuchas telefónicas y miles de documentos decomisados, avalan la acusación.
El retiro de la inmunidad al presidente, aprobada ayer por el Congreso, le da al MP «libertad absoluta» para proceder con las pesquisas en contra de Pérez Molina, añadió Aldana.
El general retirado perdió sus privilegios tras el voto unánime de 132 diputados presentes en el Congreso, después de que el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) lo acusaran de corrupción el 21 de agosto.
De acuerdo a la investigación de más de 18 meses de ambas entidades, Pérez Molina dirigía la red clandestina dentro de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), con la complicidad de al menos 28 personas, incluida su ex vicepresidenta (2012-2015), Roxana Baldetti, en prisión desde el 21 de agosto.
El gobernante vio desbaratada este miércoles su última esperanza de detener el proceso cuando el máximo tribunal del país, la Corte de Constitucionalidad (CC), rechazó dos recursos con los que pretendía dejar sin efecto la decisión del Congreso.
Pérez Molina se puso hoy a disposición del juzgado que lleva el caso en su contra, por medio del abogado César Calderón, para tratar de evitar «el espectáculo» que conllevaría ser detenido.
El jurista intentó blindar a su defendido y por ello entregó un recurso al juez Miguel Ángel Gálvez, a cargo del Juzgado B de Mayor Riesgo, para mostrar la voluntad del presidente.
El mandatario, quien tomó posesión el 14 de enero de 2012 como gobernante y se mantuvo este miércoles encerrado en Casa Presidencial, apareció por última vez en público el lunes y durante los últimos dos días repitió, siempre a través de su portavoz, Jorge Ortega, que no dimitirá, al menos, por el momento.
La estructura de corrupción supuestamente liderada por Pérez Molina en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) ingresó al país al menos 1.400 contenedores de manera ilegal, cobrando impuestos a empresarios importadores sin reportarlos al Estado.
Las declaraciones de la fiscal, acompañada del comisionado de la CICIG, el abogado colombiano Iván Velásquez, se produjeron en un hotel del sur de la capital tras participar en un evento organizado por la Cámara Oficial Española de Comercio.
Aldana y Velásquez iniciaron una cruzada en contra de la corrupción dentro del país centroamericano el pasado 16 de abril, cuando arrestaron a los mandos medios de «La Línea» y recopilaron información que supuestamente incrimina a Pérez Molina.
El MP y la CICIG han destapado desde abril a la fecha 13 casos de corrupción en los tres poderes del Estado, incluyendo como sospechosos a más de una docena de altos funcionarios del gobierno de Pérez Molina, además de ocho diputados y tres jueces dentro una lista de casi 70 personas arrestadas.
