La Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitirá hoy su fallo sobre la demanda de Nicaragua contra Colombia para redefinir la frontera en el mar Caribe entre ambos países, que también se disputan la soberanía de seis cayos del archipiélago de San Andrés, cuyas aguas son de gran valor económico.
Nicaragua considera que la actual frontera a la altura del meridiano 82 no es justa porque su plataforma continental se prolonga más allá de esa línea, sobrepasando la ubicación del Archipiélago de San Andrés.
Las principales islas de ese archipiélago, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, son de soberanía colombiana, lo cual para Managua no debe se ser un impedimento para prolongar hacia el este su actual frontera.
Nicaragua planteó a los jueces que para solventar esa cuestión se «enclave» a las islas en un área de 12 millas marítimas a partir de su costa, y de 3 millas en el caso de los cayos a los que se conceda soberanía a Bogotá.
Colombia rechaza esa visión y considera «sin base legal» el desplazamiento hacia el Este de la frontera marítima de Nicaragua.
Bogotá estima que a la hora de definir su frontera con ese país centroamericano se tiene que tomar como punto de referencia costero de Colombia las Islas más occidentales de San Andrés, que está situado a 220 kilómetros de Nicaragua y 775 kilómetros de las costas colombianas, y no la más alejada costa colombiana.
Colombia propuso a la CIJ que se trace una línea equidistante entre las costas de esas islas y la nicaragüense, con lo que resultaría un trazado en tramos norteños algo más al este del meridiano 82 y más al oeste en la parte sur de la actual frontera.
La CIJ también decidirá sobre la soberanía de los cayos más pequeños del archipiélago, que ambos países reclaman para sí.
El área marítima en disputa es una zona no sólo de belleza paisajística sino también de gran riqueza pesquera y petrolífera.
En 2002, Bogotá ya chocó con Nicaragua por la convocatoria nicaragüense de una licitación internacional para otorgar concesiones petroleras en aguas caribeñas bajo jurisdicción colombiana.
La CIJ no tocará las fronteras de países vecinos como Honduras y Costa Rica, que recibieron esa garantía de la Corte de la ONU les denegó en 2011, su petición de participar en la tramitación del contencioso.
