La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió hoy a Estados Unidos acabar con la disparidad en las concesiones de asilo, con máximos en ciudades como Nueva York y mínimos en otras como Atlanta.
El relator de la Comisión para migrantes, Enrique Gil Botero, consideró que el país norteamericano debe «configurar una política monolítica sólida» porque «no puede haber un estado donde los jueces aplican los estándares internacionales y otros donde no».
«Es una situación preocupante, porque que el tratamiento de los derechos humanos dependa de la buena fortuna de quién sea el juez es intolerable dentro de un sistema judicial serio», indicó.
La audiencia pública, celebrada en la sede de la CIDH en Washington, la solicitaron varias organizaciones defensoras de los inmigrantes y agrupaciones de abogados migratorios para poner fin a las «zonas libres de asilo», donde sistemáticamente se deniegan las peticiones.
«Es un fenómeno generalizado en Estados Unidos, tribunales que son tan hostiles hacia los representantes de los solicitantes de asilo que incumplen la obligación internacional de proteger a las personas que huyen de la persecución», dijo David Baluarte, director de la organización Immigrant Rights Clinic.
Junto a él, abogados migratorios relataron las trabas que enfrentan en su trabajo y explicaron que en muchas ocasiones los propios demandantes de asilo se rinden y aceptan la deportación.
En este contexto, los peticionarios solicitaron a la CIDH una declaración pública sobre los «bajos niveles» de concesiones de asilo en los tribunales migratorios de las ciudades sureñas de Atlanta (Georgia) y Charlotte (Carolina del Norte).
Asimismo, pidieron que los comisionados elaboren un informe sobre las disparidades en las concesiones de asilo a partir de visitas a los tribunales migratorios estadounidenses.
La comisionada Margarette May Macaulay se comprometió a visitar los tribunales y «tomar en cuenta las recomendaciones hechas».
«Estoy muy preocupada por estas disparidades, son realmente increíbles. Hay que considerar el tema mayor, el tema nacional o racial, quizás la religión también influye, y la discriminación de género. Tienen que llegar al fondo del asunto», dijo dirigiéndose a los representantes del Gobierno estadounidense.
Ed Kelly, encargado de supervisar las operaciones de varios tribunales de inmigración, defendió que el Ejecutivo «se toma en serio cualquier denuncia de anomalías» en el sistema y «está dando pasos para corregir las disparidades en las adjudicaciones».
«Hemos tomado todos los reclamos en serio y hemos aplicado medidas correctivas. (…) Y queremos seguir haciendo lo que podamos para abordar estos problemas», aseguró.
La audiencia sobre la disparidad en las concesiones de asilo fue una de las seis del 160 periodo de sesiones de la CIDH, condensado hoy en una sola jornada con temas de Estados Unidos y Canadá.
El 159 periodo de sesiones se celebró en Panamá entre el 29 de noviembre y el 7 de diciembre con asuntos del resto de la región.
Precisamente, la intervención militar de Estados Unidos en Panamá de 1989 volvió hoy a la CIDH con la primera audiencia pública sobre el caso en más de veinte años.
Los peticionarios solicitaron a la CIDH una decisión «firme y completa» sobre la «responsabilidad internacional» de EE.UU. por las violaciones de derechos humanos cometidas durante la intervención militar del 20 de diciembre de 1989, que se saldó con entre 500 y 5.000 muertos de acuerdo a diversas fuentes.
Estados Unidos pidió que la CIDH desestime este caso al menos hasta que haya concluido el trabajo de la Comisión Especial del 20 de diciembre, que Panamá instaló en julio de este año para investigar durante dos años la verdad de lo ocurrido en la invasión.
La CIDH tiene ahora que estudiar las posiciones de las dos partes y durante su turno de palabra no ofreció ninguna pista sobre los siguientes pasos a seguir, ni tampoco si visitará Panamá.
La Comisión, órgano de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), también abordó hoy tres audiencias sobre los derechos de los indígenas tanto en Estados Unidos como en Canadá.
A Estados Unidos le pidió que consulte a las tribus indígenas sobre los proyectos de infraestructura que afecten a sus tierras, como el del controvertido oleoducto en Dakota del Norte.
En relación a Canadá se abordó la desaparición y el asesinato de mujeres y niñas indígenas, así como la situación de los derechos humanos de los niños indígenas en el país.
Cristina García Casado
Washington, 9 dic (EFE).-
