La canciller colombiana, María Ángela Holguín, anunció hoy que el Gobierno abrirá un diálogo con Nicaragua para garantizar que los pescadores del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina puedan seguir faenando y coordinar políticas de seguridad y de lucha contra el narcotráfico en la zona.
Holguín se expresó así en una rueda de prensa en la isla de San Andrés, la mayor del archipiélago cuyas aguas fueron ayer repartidas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) entre Nicaragua y Colombia.
La CIJ, tras una demanda que data de 2001, realizó una nueva delimitación fronteriza por la que la nación suramericana perdió territorio marino rico en pesca y recursos naturales.
«Esperamos tener buena relación con el Gobierno de Nicaragua. En la Cumbre de Cádiz estuvimos viendo la posibilidad, hay temas que hay que trabajar en temas de pesca, seguridad, lucha contra el narcotráfico, muy seguramente vamos a tener una reunión», adelantó la canciller.
«Tenemos que lograr unos acuerdos de pesca para que los isleños puedan seguir pescando en los lugares donde lo han hecho», defendió la canciller, para quien lo más importante es que los pescadores no tengan problemas con las autoridades nicaragüenses tras el nuevo trazado de límites.
«Eso lo va a hacer la Cancillería en los próximos días», señaló Holguín, quien afirmó que «el compromiso del Gobierno es que va a buscar alternativas y soluciones para los pescadores».
Y es que unos 700 de los más de 70.000 habitantes del archipiélago caribeño de San Andrés, Providencia y Santa Catalina viven de la pesca artesanal.
La canciller colombiana lanzó así un mensaje de tranquilidad a los habitantes del archipiélago, sobre el que Colombia mantendrá la soberanía de los siete cayos que estaban en disputa, según reveló también el fallo del CIJ, que el propio presidente Juan Manuel Santos criticó ayer con dureza al considerar que contenía «errores graves».
Holguín hoy reconoció que «es un momento muy difícil para el país», por eso viajó hasta San Andrés junto al presidente Santos.
«Hemos venido a acompañar al pueblo de San Andrés en este momento difícil, duro, para mirar con ellos las acciones que el Gobierno va a tomar lo más pronto posible», adelantó la ministra de Exteriores.
La ministra también expresó que no es el momento de buscar culpables por el fallo de la CIJ tras diez años de litigio en los que Colombia ha estado defendida por expertos de este país e internacionales, pero confesó: «si mi renuncia va a resolver la vida a los sanandresanos ¿adonde les firmo?».
E insistió en que el fallo «es muy complicado, muy complejo (…), es un fallo que el Gobierno de Colombia tiene que estudiar a fondo y en profundidad».
Asimismo remarcó, al igual que hiciera en la víspera el presidente Santos, que el Gobierno de Colombia rechaza «partes del fallo» por considerar que tiene «omisiones, falta de reconocimiento y de justicia».
