Una jueza de Barcelona dictó este martes auto de apertura de juicio oral contra la cantante barranquillera Shakira por seis delitos en los que habría incurrido contra la Hacienda Pública de España.
La Fiscalía pide a la Justicia española 8 años y 2 meses de prisión y una multa de 23,8 millones de euros para la artista colombiana, quien es acusada de defraudar 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014, simulando que no residía en el país europeo.
Shakira ya pagó la cantidad que la Agencia Tributaria de España le exigía – más otros tres millones de euros en intereses – , lo que no impide que tenga que sentarse en el banquillo a instancias de la Fiscalía.
En mayo pasado, la Audiencia de Barcelona avaló la decisión del juez de enviar a la intérprete de ‘La bicicleta’ a juicio, ante los indicios de que residía en España «de manera habitual» entre los años 2012 y 2014: primero en la capital catalana y después en una vivienda de la cercana localidad de Esplugues de Llobregat que compró con su expareja, el futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué, a través de una sociedad.
Según el ministerio público, esa vivienda constituyó el domicilio familiar de la artista, cuyas estancias fuera de España durante ese tiempo lo fueron por «motivos profesionales, con una duración muy corta», a excepción de la temporada en que participó en el programa estadounidense «The Voice» (61 días en 2012, 118 en 2013 y 117 en 2014).
En ese sentido, la acusación indica que, al haber residido en ese país más de 183 días al año, Shakira «era residente fiscal en España y tenía la obligación de tributar por la totalidad de su renta mundial», tanto respecto al IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) como al impuesto del patrimonio.
Para evitar hacerlo, según la Fiscalía, la colombiana «utilizó un entramado societario», con sede en las Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo, con el fin de ocultar su renta y su patrimonio.
Además, que su «plan» era que sus empresas figurasen formalmente como titulares de las rentas, mientras que ella solo constaba «en último lugar y algunas sociedades radicadas en paraísos fiscales» a las que fueron a parar la mayor parte de sus ingresos.
Asimismo, asesorada por varios profesionales, los años 2008, 2012 y 2013 la cantante llegó a acuerdos con las autoridades fiscales de Luxemburgo, los denominados Tax Ruling, «para fijar unas condiciones específicas y privilegiadas de tributación» en estos años, mantiene el Ministerio Público español.
Esos acuerdos, según la Fiscalía, dieron pie a una «mínima tributación fiscal», de tan solo el 2 % de la renta bruta generada, permitiendo transferir a sociedades o cuentas de la cantante el grueso de sus ingresos.
Los últimos acuerdos Tax Ruling los suscribió cuando ya vivía de manera habitual en España, pero «en ningún momento puso en conocimiento de las autoridades tributarias españolas dichos acuerdos», asegura el Ministerio Público.
El equipo legal de la cantante ha mantenido varias conversaciones con las acusaciones para alcanzar un pacto, pero Shakira rechazó las ofertas.
