El magistrado presidente John Roberts declinó leer una pregunta del senador republicano Rand Paul en el juicio político a Donald Trump sobre el denunciante de la comunidad de inteligencia cuya queja desató la investigación contra el mandatario.
Paul ha dicho que cree que el denunciante pudo haber conspirado con asesores de la Cámara de Representantes al momento de escribir su informe en agosto pasado.
“El magistrado que preside el caso se niega a leer la pregunta tal como fue presentada”, anunció Roberts. El juez presidente no señaló qué había en la nota.
Previamente, el personal de Roberts le comunicó al equipo del líder de la mayoría en el Senado Mitch McConnell que Roberts no quería leer el nombre del denunciante, según un republicano con conocimiento de la situación y que no estaba autorizado a revelar su nombre.
Después de que Roberts rechazó su pregunta, Paul escribió en Twitter que ésta versaba sobre “si individuos que se quedaron en el Consejo de Seguridad Nacional tras el gobierno de (Barack) Obama y miembros de los demócratas conspiraron con el personal de Schiff para llevar al presidente a juicio político antes de que la Cámara de Representantes iniciara los procedimientos formales”. Eso fue en referencia al presidente de la Comisión de Inteligencia de la cámara baja, el demócrata Adam Schiff, quien encabezó la pesquisa.
Paul salió del Senado para dar una conferencia de prensa al respecto. Dijo que su pregunta no era con la intención de revelar la identidad del denunciante.
“No sé quién es el denunciante. Adam Schiff no sabe quién es el denunciante. Mi pregunta no fue sobre el denunciante”, declaró Paul. “Mi pregunta fue sobre dos personas que son amigas y trabajaron juntas en el Consejo de Seguridad Nacional y a quienes se ha escuchado hablar de llevar a juicio político al presidente desde hace años”.
“En ninguna parte él acusa, ni sabe, si alguno de ellos es el llamado ‘denunciante’”, dijo el portavoz de Paul, Sergio Gor.
Las leyes de informantes en Estados Unidos existen con el objetivo de proteger la identidad y la carrera de las personas que acusan a funcionarios del gobierno de irregularidades. Legisladores de ambos partidos han respaldado históricamente dichas protecciones.
