El juez instructor del proceso penal por la masacre de mil salvadoreños en El Mozote (1981), Jorge Guzmán, resolvió pedir a la Fiscalía que investigue y determine si el presidente Nayib Bukele cometió algún delito, incluido el de encubrimiento, al bloquear las inspecciones judiciales de los archivos del Ejército.
Wilfredo Medrano, acusador particular en el proceso y miembro de la organización Tutela Legal «María Julia Hernández», indicó este lunes que hay una resolución en la que resuelve que va a «certificar a la Fiscalía» para que investigue el bloqueo.
El fallo judicial, emitido el pasado 4 de noviembre se dio luego de una solicitud presentada por Medrano y David Morales, también abogado de las víctimas y miembro de la organización Cristosal, en la que pidieron la investigación del Ministerio Público.
«Es procedente acceder a lo pedido por los acusadores particulares» para que la Fiscalía investigue si «ha existido la comisión de delitos y de ser así, se ejerzan las acciones correspondientes», reza la resolución judicial.
Los referidos abogados expusieron al juez que los delitos que Bukele y su ministro de la Defensa, René Merino Monroy, pudieron cometer con el bloqueo a las inspecciones en seis unidades militares son los de actos arbitrarios, incumplimiento de deberes, desobediencia, ocultación de documentos y encubrimiento.
Medrano explicó que no le corresponde al juez determinar si se dio algún delito, sino a la Fiscalía.
Además de Bukele y Merino, el juez Guzmán pidió que se investiguen las actuaciones de los oficiales y abogados encargados de comunicar al juez la decisión de no permitir las inspecciones entre el 21 de septiembre y el 29 de octubre.
También solicitó que se investigue la posible sustracción de archivos a pesar de que existía una medida cautelar que lo prohibía.
En una cadena nacional de medios de comunicación del 24 de septiembre, Bukele presentó seis cajas con documentos «desclasificados» y señaló que estos fueron sacados de los archivos militares.
Estos supuestos documentos fueron entregados al juez de la causa y, de acuerdo con los abogados de las víctimas, se trataba principalmente de fotocopias de informes que la Administración de Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) había entregado al mismo juzgador.
El juez Guzmán también decidió avisar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre estos bloqueos, dado que también se habrían desobedecido sendos fallos relacionados con el crimen.
El presidente Bukele calificó a mediados de octubre de «show» y «farsa» las visitas del juzgador a los recintos militares, declaración que le ganó las críticas de los sobrevivientes.
De acuerdo con un informe de las Naciones Unidas, el batallón de elite Atlacatl ejecutó «sistemáticamente» en diciembre de 1981 a la población civil del caserío El Mozote y otros aledaños, y el número de personas asesinadas ascendió al menos a 988.
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