El juez que conocerá la causa penal contra el expresidente salvadoreño Elías Antonio Saca y 6 de sus colaboradores, acusados de malversar 246 millones de dólares, ratificó la prisión preventiva y el embargo de bienes impuestos por un tribunal de paz a inicios de noviembre.
«El Juzgado Cuarto de Instrucción recibió el expediente del exmandatario y seis exfuncionarios, y ratificó las medidas cautelares impuestas por el Juzgado Cuarto de Paz», informaron hoy los Tribunales salvadoreños.
De acuerdo con la fuente, el juez Rigoberto Chicas recibió un total de 63.693 folios de pruebas contra Saca y los demás acusados, los pasaportes de estos y «ocho recursos de apelación» contra las medidas cautelares, que ya trasladó a la Cámara Primero de lo Penal.
La fuente no detalló si el juzgador ha determinado la fecha para la primera audiencia de la etapa de instrucción o investigación judicial que podría extenderse hasta por 6 meses.
Saca y sus exsecretarios privado, de Comunicaciones y de Juventud, Elmer Charlaix, Julio Rank y César Funes, respectivamente, afrontarán esta etapa de instrucción por los delitos de peculado, agrupaciones ilícitas y lavado de dinero cometidos al malversar supuestamente 246 millones de dólares.
A ellos se suman Pablo Gómez, Francisco Rodríguez Arteaga y Jorge Alberto Herrera, «colaboradores directos» del exdirigente Saca, que aún son empleados de la Presidencia.
Según el fiscal general de El Salvador, Douglas Meléndez, Saca y los implicados operaban una estructura dentro de la Presidencia que movió los 246 millones de dólares a catorce cuentas personales de los funcionarios Charlaix, Rodríguez y Gómez, de las que posteriormente retiraron 116 millones de dólares «en efectivo» y, de ellos, «lavaron» 6 millones.
Meléndez reveló recientemente que la esposa del exjefe de Estado, Ana Ligia de Saca, movió un millón de dólares de una cuenta a su nombre en un banco de Dubai, transacción que puede tener relación con la millonaria malversación.
Saca llegó al Gobierno bajo la bandera del partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), de donde fue expulsado en 2010, para posteriormente presentarse a las elecciones presidenciales de 2014 con Unidad, una coalición de formaciones derechistas.
ARENA también está salpicada por este caso porque, de acuerdo con la Fiscalía, recibió un cheque por 400.000 dólares de los fondos supuestamente malversados.
Lo mismo ocurrió en el caso del difunto expresidente Francisco Flores (1999-2004), quien fue acusado de apropiarse de 5 millones de dólares y desviar otros 10 a una cuenta de ARENA, procedentes de donaciones taiwanesas.
Además de Saca y Flores, el exmandatario del gobernante e izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) Mauricio Funes (2009-2014) afronta un proceso civil por enriquecimiento ilícito en más de 700.000 dólares, pero está asilado en Nicaragua desde mediados de este año.
De acuerdo con la Fiscalía, durante 2010 la administración de Funes transfirió 983.000 dólares de manera «ilegal» a las empresas de Saca.
San Salvador, 9 dic (EFE).-
