Un juez federal en Texas suspendió el lunes una política del gobierno de Biden que daría a los cónyuges de ciudadanos estadounidenses estatus legal sin tener que salir primero del país, lo que representa al menos un revés temporal para una de las mayores acciones presidenciales para facilitar el camino a la ciudadanía en años.
La suspensión administrativa emitida por el juez federal de distrito J. Campbell Barker se produce apenas unos días después de que 16 estados, encabezados por fiscales generales republicanos, impugnaran el programa que podría beneficiar a unos 500.000 inmigrantes en el país, además de unos 50.000 de sus hijos. Los estados acusaron al gobierno de eludir al Congreso con “objetivos políticos flagrantes”.
Uno de los estados que lidera el desafío es Texas, que en la demanda afirmó que el estado ha tenido que pagar decenas de millones de dólares anualmente en atención médica y fuerzas del orden debido a los inmigrantes que viven en el estado sin estatus legal.
El presidente Joe Biden anunció el programa en junio. La orden judicial, que tiene una duración de dos semanas pero podría extenderse, llega una semana después de que el Departamento de Seguridad Nacional comenzara a aceptar solicitudes.
“Las reclamaciones son sustanciales y justifican un examen más minucioso del que el tribunal ha podido permitirse hasta la fecha”, escribió Barker.
Barker fue designado por el expresidente Donald Trump en 2019 como juez en Tyler, Texas, que se encuentra en el Quinto Tribunal de Apelaciones del Circuito de Estados Unidos, un lugar favorito para los defensores que impulsan argumentos conservadores.
El juez estableció un cronograma que podría dar lugar a una decisión poco antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre o antes de que el nuevo presidente electo asuma el cargo en enero. Barker dio a ambas partes hasta el 10 de octubre para presentar sus alegatos en el caso.
La política ofrece a los cónyuges de ciudadanos estadounidenses sin estatus legal, que cumplan con ciertos criterios, un camino hacia la ciudadanía solicitando una tarjeta verde y permaneciendo en Estados Unidos mientras se realiza el proceso. Tradicionalmente, el proceso podría incluir una espera de años fuera de Estados Unidos, lo que causa lo que los defensores de la inmigración equiparan a una “separación familiar”.
El Departamento de Seguridad Nacional no respondió de inmediato un correo electrónico solicitando comentarios sobre la orden.
“La decisión del tribunal esta noche de impedir que el gobierno federal proporcione ayuda es devastadora para las miles de familias de Texas que podrían haberse beneficiado de este programa”, dijo el lunes Jessica Cisneros, abogada de la organización de defensa Texas Immigration Law Council.
Varias familias fueron notificadas de la recepción de sus solicitudes, según los abogados que defienden a las familias elegibles que presentaron una moción para intervenir el lunes temprano.
“Texas no debería poder decidir el destino de cientos de miles de ciudadanos estadounidenses y sus cónyuges inmigrantes sin enfrentar su realidad”, dijo Karen Tumlin, fundadora y directora del Justice Action Center, durante la conferencia de prensa antes de que se emitiera la orden.
El programa ha sido particularmente polémico en un año electoral en el que la inmigración es uno de los mayores temas, y muchos republicanos han atacado la política y afirmado que es esencialmente una forma de amnistía para las personas que violaron la ley.
El fiscal general republicano de Texas, Ken Paxton, aplaudió la orden.
“Este es solo el primer paso. Seguiremos luchando por Texas, nuestro país y el estado de derecho”, publicó Paxton en la plataforma de redes sociales X.
Para ser elegibles para el programa, los inmigrantes deben haber vivido continuamente en los EE. UU. durante al menos 10 años, no representar una amenaza para la seguridad ni tener antecedentes penales descalificatorios y haber estado casados con un ciudadano antes del 17 de junio, el día antes de que se anunciara el programa.
Deben pagar una tarifa de $580 para presentar la solicitud y completar una larga solicitud, que incluye una explicación de por qué merecen la libertad condicional humanitaria y una larga lista de documentos de respaldo que prueban cuánto tiempo han estado en el país.
Si se aprueba la solicitud, los solicitantes tienen tres años para solicitar la residencia permanente . Durante ese período, pueden obtener autorización para trabajar.
Antes de este programa, era complicado para las personas que se encontraban en Estados Unidos ilegalmente obtener una tarjeta verde después de casarse con un ciudadano estadounidense. Se les podía exigir que regresaran a su país de origen, a menudo durante años, y siempre corrían el riesgo de que no se les permitiera regresar.
