El juez federal de Miami a cargo del caso del empresario colombo-venezolano Alex Saab por lavado de dinero dictó una orden que acepta una parte y rechaza otra de una petición de la defensa para que el Gobierno de EE.UU. le entregue documentos que probarían el supuesto estatus diplomático del acusado.
A grandes rasgos, el juez Robert M. Scola ordena a la Fiscalía que ponga a disposición de la defensa, a más tardar el 18 de octubre, «todos» los documentos no clasificados en poder del «equipo acusador», salvo los del organismo de aduanas y fronteras (CPB) de EE.UU.
Cuando se refieran a fuentes de la agencia antidrogas (DEA) de Estados Unidos deberán estar editados de manera que no se divulguen sus identidades, precisa el documento al que tuvo acceso.
Además, para el 18 de octubre, el Gobierno deberá revelar la cantidad de materiales clasificados con los que cuenta a la defensa de Saab, considerado el testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
«Nada en esta orden debe interpretarse como una limitación de la capacidad de Saab Morán de conseguir el material que busca a través de otras vías, tales como la Ley de Libertad de Información», dice el juez.
«Tampoco debe interpretarse esta orden —subraya— como una manera de restringir al Gobierno a producir cualquier material relacionado con la extradición de Saab Moran y/o cualquier material en posesión de entidades más allá del ‘equipo de acusación’ sobre la voluntad del propio gobierno».
Saab, de 50 años, fue extraditado a EE.UU. el pasado octubre desde Cabo Verde, donde fue detenido en 2020 a raíz de una orden de captura internacional pedida por la justicia estadounidense.
Según la acusación, entre 2011 y por lo menos 2015, Saab y su socio Álvaro Pulido, que está prófugo, conspiraron con otros para lavar las ganancias de una red de corrupción sustentada en sobornos dirigidos a obtener contratos para realizar proyectos públicos y fraudes al sistema de control de cambio de divisas en Venezuela.
Saab y Pulido están acusados de transferir desde Venezuela, a través de EE.UU., aproximadamente 350 millones de dólares a cuentas que poseían o controlaban en otros países, de acuerdo con la Fiscalía.
Un proceso retrasado
El proceso en Miami se ha retrasado por la demora en la entrega de documentos oficiales de varias agencias federales de EE.UU. y de los otros países implicados en su caso.
La Fiscalía señaló en julio que el caso requiere documentos de agencias de los departamentos de Estado, Justicia, Seguridad Nacional, entre otras oficinas como el FBI, y que espera «principalmente» unos de la CIA.
Por su parte, la defensa de Saab se mostró desconfiada en cuanto al acceso que pueda tener a algunos registros que «sustenten» la inmunidad diplomática que alega tener el acusado, especialmente teniendo en cuenta que durante su apelación en una corte de Atlanta se produjeron varios en ese sentido.
«Si hay evidencia nosotros tenemos el derecho» a acceder a ella, subrayó la defensa, que en agosto presentó una petición formal en ese sentido, a la que ahora respondió el juez.
En mayo pasado, una corte de apelaciones de Atlanta (Georgia) denegó la apelación de Saab y dejó en manos del tribunal de primera instancia de Miami la decisión sobre si tenía o no inmunidad.
El empresario argumenta que gozaba de inmunidad diplomática cuando fue arrestado en el país insular africano.
El empresario se enfrenta a un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero en una corte de Miami, del que se declaró «no culpable» en noviembre de 2021.
Saab se enfrenta a una condena de unos 20 años si es hallado culpable del único cargo que tiene en la corte de Miami, pena que puede ser reducida si hace un trato con la Fiscalía, que suele incluir delación de otras personas.
