El teniente coronel Juan Carlos Figueroa Suárez, que fue comandante del Batallón de Artillería No. 2 La Popa de Valledupar, fue acusado de presuntos de crímenes de lesa humanidad, informó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La acusación en contra Figueroa está basada en 24 hechos que dejaron al menos 38 personas asesinadas. De ellas, 11 fueron víctimas de desaparición forzada y nueve más de tortura. La mayoría eran civiles indefensos.
Varias de ellas eran personas en condición de vulnerabilidad y al menos una padecía una discapacidad mental.
Incluso, los subordinados de Figueroa traspasaron los límites de la jurisdicción del Batallón La Popa para reclutar a algunas de las víctimas en diferentes sitios de la costa Caribe.
La investigación concluyó que hubo estigmatización por parte de algunos integrantes del Batallón La Popa hacia los pueblos indígenas wiwa y kankuamo.
De hecho, varias de las víctimas pertenecían a esas comunidades.
De acuerdo con el escrito de acusación de la Unidad de Investigación y Acusación (Fiscalía de la JEP) «se pudo establecer -con probabilidad de verdad- que el acusado Figueroa Suárez actuó con conocimiento, en el que medió un nexo de omisión en el control de los subordinados, en este caso, perpetradores de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra».
Los fiscales de la Unidad acusaron a Figueroa por responsabilidad de mando en los delitos de «homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida y desaparición forzada», cuando se desempeñó como comandante del Batallón La Popa entre enero de 2004 y julio de 2005, detalló la JEP en un comunicado.
Figueroa sucedió en la comandancia del Batallón La Popa al coronel en retiro del Ejército Publio Hernán Mejía, quien el 31 de julio pasado también fue acusado por la Unidad por crímenes similares a los presuntamente perpetrados por los hombres que el teniente coronel tenía bajo su mando.
Los fiscales a cargo del proceso llamaron la atención sobre la sofisticación con la que Figueroa y algunos de sus hombres continuaron en el Batallón La Popa con las presuntas prácticas delictivas que en esa unidad militar había dejado instaladas el coronel Mejía.
La investigación contra Figueroa se consolidó gracias a la colaboración de los familiares de las víctimas, que nunca han desfallecido en su propósito por conseguir justicia y verdad para sus seres queridos.
Si bien Figueroa se ha declarado ajeno a los hechos por los que ha sido acusado, en ningún momento se ha mostrado renuente a las citaciones que le ha hecho la Unidad.
