La Fiscalía General de la Nación asignó a un fiscal adscrito al Tribunal Superior de Bogotá para investigar al expresidente Álvaro Uribe por revelar el pasado 8 de abril las coordenadas donde se suspendieron operaciones militares para el traslado de algunos miembros de las FARC a La Habana (Cuba).
La investigación es en respuesta a la solicitud del representante Iván Cepeda, miembro de la Comisión Segunda de la Cámara, encargada de los temas de Seguridad Nacional, quien pidió establecer las posibles conductas penales en las que pudo incurrir Uribe con la divulgación de dicha información.
La Fiscalía, a través de la resolución 01848, fechada el 9 de mayo pasado, pero dada a conocer hoy a través de un comunicado de la oficina de prensa de Cepeda a los medios de comunicación, establece que la investigación se adelantará «en aras de propender por la eficacia y eficiencia en la administración de justicia».
De igual manera, el fiscal Eduardo Montealegre consideró que los hechos formulados en la solicitud por el representante Cepeda «son de alta connotación y trascendencia dentro del ámbito nacional», según la oficina de prensa de Cepeda.
Los hechos están relacionados con la información que recibió el expresidente colombiano de los datos exactos sobre el lugar por donde salieron del país los últimos guerrilleros que se integraron a la mesa de negociación entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Cuba.
En esa oportunidad viajaron Jorge Torres Victoria, alias «Pablo Catatumbo»; Judith Simanca Herrera, alias «Victoria Sandino Palmera»; alias «Lucas Carvajal», Laura Villa y Segio Ibáñez.
Tras la negativa de Uribe de dar a conocer el nombre de su informante, el Ejercito continúa investigando quién sería el responsable de esta información.
Uribe, por su parte, manifestó en su momento, que es el único responsable de las coordenadas. «Yo soy el único responsable de las coordenadas. Lo hice porque la impunidad al terrorismo es inadmisible. No presionen al Ejército», aseguró el exmandatario tras la presión de las autoridades por conocer el informante.
Bogotá, 20 may (EFE).-
