El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, expresó hoy la dificultad de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adopte medidas cautelares por la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, ya que no se trata de un «daño irreversible».
«En el caso de condena de cargo político, probablemente lo mejor que puede hacer la Comisión es ver el tema de fondo ya que no existen muchos precedentes de medidas cautelares en esos asuntos», dijo Insulza sobre la solicitud de Petro de la CIDH adopte medidas cautelares contra su destitución e inhabilitación.
El procurador general, Alejandro Ordóñez, destituyó e inhabilitó el lunes por quince años a Petro para ejercer cargo público alguno por su supuesta mala gestión en una crisis de basuras, al determinar que asignó «la prestación del servicio de aseo a dos entidades sin ninguna experiencia, conocimiento y capacidad».
Petro solicitó entonces medidas cautelares a la CIDH por considerar que sus derechos políticos «habían sido violentados» y porque se trata de una inhabilitación que se le «levantará cuando ya esté muerto».
En Bogotá, Insulza dijo que la CIDH «tiene que decidir» si concede las medidas, pero aclaró que estas se suelen adoptar ante «la posibilidad de un daño irreversible», como serían la pérdida de la libertad o el peligro para la vida.
Es por eso, que el secretario general de la OEA alertó que es probable que, de actuar, la CIDH lo haga cuando «se agote un proceso interno».
Insulza clausuró hoy la sesión número 54 de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la OEA, que se celebró durante dos días en Bogotá y cuya Presidencia asumirá Colombia durante el próximo año.
La CICAD es el principal foro hemisférico para el debate sobre políticas y programas para apoyar los 34 Estados Miembros en la implementación de sus estrategias nacionales de drogas.
Bogotá, 12 dic (EFE).-
