El impacto de las políticas del Gobierno de Mauricio Macri en materia penal y de seguridad pone «en juego» la vigencia de los derechos humanos en Argentina, advierte el informe anual que presentó hoy el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
El informe repasa la situación en 2015 y alcanza a analizar las primeras medidas del nuevo Gobierno argentino, tras la llegada de Macri a la Presidencia en diciembre pasado.
«No se puede sacar una conclusión definitiva, pero el informe da algunas pistas para ver hacia dónde van las políticas públicas y el impacto que tienen en relación con los derechos humanos en Argentina», explicó hoy Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, al presentar el informe.
Para Juan Gabriel Tokatlian, de la Universidad Torcuato Di Tella, también es «apresurado hacer un balance» a solo seis meses de la asunción de Macri, pero «de los anuncios» realizados en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, «uno debe estar severamente inquieto».
La detención «arbitraria» de una dirigente social, la declaración de la emergencia nacional en seguridad y un protocolo para «limitar» las protestas son las principales medidas tomadas en los primeros meses del Gobierno de Macri que han provocado un mayor impacto en los derechos humanos en Argentina, según el informe.
El CELS, una organización no gubernamental orientada a la promoción y la defensa de los derechos humanos, también cuestiona en esa lista el «desmantelamiento de las áreas del Estado que participaban en la investigación de la complicidad empresarial con los crímenes de lesa humanidad», cometidos durante la última dictadura militar (1976-1983).
«Vemos con preocupación que en las últimas semanas se está retrocediendo con un decreto que vuelve a la lógica de la reserva del uso de los fondos del sistema de inteligencia», agregó hoy Chillier.
Para el CELS, la detención de la dirigente kirchnerista y diputada del Parlasur Milagro Sala es un hecho «grave en sí mismo» y un «precedente negativo para la vigencia de derechos fundamentales».
«Criminalizar la protesta es una aplicación ilegítima del derecho penal que restringe las libertades democráticas», consideró la ONG sobre la situación de Sala, detenida desde enero pasado a raíz de un acampe inicialmente y luego por una denuncia de defraudación al Estado.
La «intención de disciplinar la disidencia» también se expresó, para el CELS, en la respuesta del Ministerio de Seguridad a las protestas que afectan el tránsito de vehículos, a través de la implementación de un «protocolo de actuación de las fuerzas del Estado en manifestaciones públicas» que en la práctica no es aplicado.
Sobre las investigaciones de los crímenes ocurridos durante la última dictadura, el CELS recuerda que el apoyo del Ejecutivo «es indispensable» para el avance de las causas, pues los procesos requieren tareas como sistematización de información o acompañamiento de víctimas.
«Muchas de esas dependencias especializadas fueron desarmadas o paralizadas por el nuevo gobierno», denuncia el informe.
Para el CELS, con la emergencia en seguridad decretada a comienzos del año, el Gobierno ha dado «graves saltos cualitativos» en materia de derechos humanos y «simplifica problemas de gran complejidad» como la degradación de las fuerzas de seguridad o las redes que se dedican a negocios ilegales «con connivencia o participación estatal».
También son motivos de preocupación para el CELS los decretos con los que el Ejecutivo modificó la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobada por el Congreso argentino durante el primer mandato de Cristina Fernández.
«El Poder Ejecutivo redujo de manera drástica el papel del Estado en la regulación del sistema de medios audiovisuales», cuestionó la ONG, que considera que la reforma «avaló la concentración de la propiedad de las empresas de medios». Buenos Aires, 16 jun (EFE).-
