Indonesia ejecutó hoy a cuatro presos, un indonesio y tres nigerianos, hallados culpables por tráfico de droga y sentenciados a la pena capital, a pesar de la oposición de organismos internacionales y activistas, informan medios locales.
Otros diez reos, entre los que se encuentran ciudadanos indonesios, indios y paquistaníes, entre otros, serán ejecutados en próximas jornadas tras suspenderse su ejecución prevista para el viernes sin que las autoridades razonaran el aplazamiento.
Las ejecuciones «no se hacen para robar vidas, sino para parar las intenciones malignas y el diabólico acto del tráfico de droga (…) El resto de ejecuciones se llevará a cabo en etapas», señaló el procurador general para crímenes de Indonesia, Noor Rachmad.
El cumplimiento de la pena capital, realizada a través de un pelotón de fusilamiento, se da más de un año después de que Indonesia ejecutara a 14 personas en dos fechas del inicio de 2015, entre ellos dos brasileños, un holandés y dos australianos.
El presidente indonesio, Joko Widodo, otrora visto como un reformista pro derechos humanos, se ha mostrado inflexible y ha insistido en que no habrá clemencia para los culpables de tráfico de drogas.
Naciones Unidas y la Unión Europea, entre otros organismos internacionales, pidieron al Gobierno de Indonesia la suspensión de las ejecuciones, la aplicación de una moratoria y que diera los pasos hacia la abolición del castigo capital.
Amnistía Internacional condenó, en un comunicado, el «deplorable acto» y urgió al «inmediato alto» de las ejecuciones aplazadas.
«Muchas de estas personas (en el corredor de la muerte) han tenido un juicio injusto», señala a Efe Ajeng Larasati, abogada Community Legal Aid Institute (LBH Masyarakat) y miembro del equipo de defensa de Humprey Jefferson, uno de los nigerianos ejecutados este viernes.
La letrada asegura que las autoridades indonesias torturaron a su representante y otros acusados para sacar una confesión durante la investigación, además de denegar durante las primeras semanas del arresto el acceso a abogados e interpretes para los acusados.
«Las trampas son comunes en los casos de droga porque la Policía tiene un cupo que rellenar cada mes. Cuando no consiguen el número, acuden a técnicas de engaño o tortura», indica Larasati en un correo electrónico.
Un testigo confesó que había escondido heroína en el restaurante regido por Jefferson, pero el tribunal rechazó su declaración, aseguró la representante.
«En una situación donde el sistema es corrupto y lleno de juicios injustos, los inocentes son vulnerables a ser condenados por cosas que no hacen o no tienen intención de hacer», sentencia la abogada.
Después de restaurar el uso de la pena de muerte el pasado año, Indonesia planea ejecutar a 16 reos este año y hasta a 30 en 2017.
El pasado junio, las autoridades indonesias estimaron que unos 152 internos en los penitenciarios indonesios tienen pendiente una condena a la pena capital. Bangkok, 29 jul (EFE).-
