La autoridad mexicana de telecomunicaciones impuso una serie de obligaciones y límites a dos de los grupos empresariales más importantes del país, Televisa y el conglomerado controlado por Carlos Slim, al declararlos «agentes económicos preponderantes», confirmaron las propias compañías y el ente regulador.
El Grupo Televisa anunció en un comunicado que en los últimos días el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha tomado una serie de resoluciones que afectan a la compañía «en muchas áreas relacionadas con sus negocios de radiodifusión y televisión de paga».
Entre ellas, mencionó su definición como compañía preponderante, la convocatoria a una licitación pública de las frecuencias para formar al menos dos cadenas de televisión abierta y las directrices para la retransmisión gratuita de los canales de televisión abierta en los sistemas de señal cerrada.
La empresa señaló que evaluará «el alcance e impacto en cada caso en sus resultados de operación, actividades y negocios», y analizará «cualquier acción o medida (legal, de negocios o de otra naturaleza)» que deba adoptar respecto a dichas resoluciones.
Sobre la declaración de preponderancia, indicó que implica una serie de medidas y obligaciones «restrictivas de importancia», entre ellas «poner su infraestructura de radiodifusión a disposición de terceros en forma no discriminatoria y no exclusiva».
Las tarifas deberán ser negociadas por Televisa y cualquier concesionario solicitante y, en caso de que las partes no lleguen a un acuerdo sobre el monto, el IFT podrá determinarlo.
Igualmente, está obligada entregar al IFT y publicar los términos y condiciones de sus servicios de transmisión publicitaria y las estructuras de las tarifas relevantes, incluyendo comerciales y paquetes, planes de descuentos y cualquier otra práctica comercial.
El agente preponderante, que según la Constitución es aquel que tiene una participación en el mercado nacional superior al 50 % en determinado sector, está obligado a entregar cualquier información que pueda requerir el IFT.
Más tarde, la firma América Móvil emitió su propio comunicado en el que señaló que el ente regulador también la declaró agente preponderante, por lo que le ordenó compartir su infraestructura y desagregar su red local para ofrecer un acceso igualitario a todos los operadores.
Las medidas no sólo se aplican a América Móvil, sino a sus subsidiarias operativas, Radiomóvil Dipsa (Telcel) y Telmex, así como a Grupo Carso y Grupo Financiero Inbursa.
Todas ellas forman parte del entramado de sociedades controladas por el multimillonario Slim y su familia, que se extienden a los ámbitos de las telecomunicaciones, a medios de comunicación y al sector financiero y de seguros, como es el caso de Inbursa.
Pero las disposiciones se limitan a los servicios de telecomunicaciones y a los contenidos audiovisuales que maneja el grupo.
El IFT también impuso medidas en contenidos audiovisuales «que incluyen la prohibición de adquirir en exclusiva derechos de transmisión para cualquier lugar del territorio nacional sobre contenidos audiovisuales relevantes».
Al igual que en el caso de Televisa, esta obligación incluye entre esos contenidos las finales de los mundiales de fútbol «y otros eventos de alto nivel esperado de audiencia a nivel regional o nacional».
La resolución del regulador «se encuentra siendo analizada desde la perspectiva económica, técnica, reguladora, operativa y comercial por América Móvil y sus subsidiarias a efecto de poder conocer los impactos que pudiera tener», señaló América Móvil, líder de servicios de telecomunicaciones en América Latina.
En una rueda de prensa posterior, los integrantes del consejo del IFT ofrecieron una rueda de prensa para ofrecer detalles de sus resoluciones, de las que dijeron que tienen por objetivos fomentar la competencia para mejorar el servicio a los consumidores, y aumentar las inversiones en el sector.
El presidente de los consejeros del Instituto, Gabriel Contreras, señaló que «no son medidas que puedan aplicarse de un día para otro», pero reconoció que la mayoría deben poderse instrumentar en un plazo de 30 días.
Asimismo señaló que las empresas afectadas pueden solicitar un amparo contra las obligaciones impuestas, las cuales a su vez se pueden revisar, ampliar, reducir o quedar sin efecto en función del cumplimiento de las empresas.
Al preguntársele por qué estaban incluidas en las resoluciones grupos no directamente involucrados en telecomunicaciones, como Carso e Inbursa, explicó que en este caso el agente preponderante fue identificado como un «grupo de interés económico».
«Esto tiene una razón lógica y económica: que todos los miembros del grupo que tienen un mismo interés y actúan en conjunto en función de ese interés, sean objeto de las mismas medidas, y evitar que a través de una subsidiaria o filial puedan evadir la regulación», acotó.
México, 8 mar (EFE).-
