Washington, 22 dic (EFE).- La organización para la defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) denunció hoy que el «Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto» entre el Gobierno colombiano y las FARC está lleno de «promesas vacías» y lo calificó como «una piñata de impunidad».
Tras varios días de profuso análisis del contenido del acuerdo, anunciado por los negociadores del Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en La Habana el pasado 15 de diciembre, HRW reconoce que hay referencias a la justicia y la rendición de cuentas, pero a la vez subraya que contiene numerosas ambigüedades que dan espacio a la impunidad.
El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, explicó en una rueda de prensa en Washington que su organización está especialmente preocupada por «las condiciones especiales» para el juicio de quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad, los cuales, según el acuerdo, podrían incluso librarse de ir a prisión.
«Ningún tribunal internacional ha permitido que aquellos que han sido condenados por crímenes de guerra puedan evitar la prisión por crímenes tan graves. Este nuevo acuerdo va incluso más allá y garantiza que no enfrentarán un castigo ni siquiera remotamente serio», apuntó Vivanco.
El acuerdo establece un nuevo Tribunal para la Paz que se ocuparía de juzgar a los responsables de graves delitos del conflicto armado, quienes, en caso de cooperar y ofrecer una confesión veraz, recibirán una pena máxima de ocho años.
HRW llamó a las partes a hacer las modificaciones y «correcciones» oportunas dentro de los términos del acuerdo, que garanticen «unos mínimos» de rendición de cuentas para los criminales, tanto de la guerrilla como del Estado, que cumplan con el Derecho Internacional.
A juicio del grupo defensor de los derechos humanos, la Corte Penal Internacional (CPI) podría pedir cuentas al Estado colombiano por «amnistiar» de facto a culpables confesos de crímenes de lesa humanidad.
Vivanco hizo especial hincapié en la capacidad de los criminales confesos «de diseñar su propio castigo», que no supondría el encarcelamiento sino la creación y participación en un «proyecto» que sirviera como reparación a la sociedad colombiana, algo sin precedentes.
Además, incluso en ese caso, el acuerdo no garantiza que dichos proyectos cumplan con el tiempo estipulado de castigo, entre 5 y 8 años de cárcel.
En opinión de HRW, los criminales podrían recuperar la libertad antes si ese proyecto de reparación se culmina en un periodo inferior de tiempo.
Asimismo, la organización expresó su preocupación por la falta de responsabilidad ante el incumplimiento de las condiciones del acuerdo, ya que en ningún caso se especifica una pérdida de beneficios para los victimarios si estos rompen lo pactado.
Por otro lado, la organización «considera que ninguna persona que cumpla una pena tras haber sido condenada por un crimen de guerra, crimen de lesa humanidad o una grave violación de los derechos humanos debería poder postularse para un cargo público ni desempeñarlo mientras esté cumpliendo esa pena».
En este sentido, Vivanco explicó que la Constitución colombiana no permite que eso ocurra, por lo que sería necesaria una reforma.
HRW también insistió en la falta de independencia que emana del acuerdo para escoger a los miembros del tribunal especial, un asunto que calificó de «central».
«Es un tema de gran preocupación porque es la entidad que debe velar por el proceso», dijo Vivanco, quien instó a que los jueces que lo conformen sean escogidos por un organismo internacional independiente, como Naciones Unidas.
