Un helicóptero de las Fuerzas Armadas de Ecuador fue atacado a disparos en la frontera con Colombia, en medio de una operación, en conjunto con las Fuerzas Militares de Colombia, en contra el narcotráfico.
Este hecho ocurrió en el sector el Derrumbe del cantón San Lorenzo en territorio ecuatoriano, cuando uniformados de ambos países recorrían una zona donde hay un laboratorio de droga. Según el reporte de las autoridades ecuatorianas, la aeronave recibió nueve impactos de arma de fuego de largo alcance en su estructura.
“El helicóptero se realizaba un sobrevuelo de reconocimiento del área donde se identificó un laboratorio de procesamiento de droga, por lo que se intensificaron las operaciones militares aerotransportadas de unidades especiales de las Fuerzas Armadas”, informaron desde las Fuerzas Armadas del vecino país en un comunicado publicado este jueves, 14 de marzo, en su cuenta de X.
Por fortuna, este hecho no comprometió la vida de alguno de los tripulantes, ni afectó el funcionamiento de la aeronave. Las autoridades militares no entregaron detalles sobre quiénes serían los responsables de este ataque.
La situación en Ecuador tras arremetida narco
Hace una semana, Ecuador extendió por 30 días el estado de excepción, que permite movilizar a los militares para mantener el orden en calles y cárceles, decretado en enero ante una violenta arremetida de grupos narcotraficantes, informó el gobierno.
El presidente Daniel Noboa, autoproclamado de centro-izquierda y que asumió en noviembre, emitió un decreto mediante el cual decidió “renovar por treinta días adicionales” el estado de emergencia en todo el país, que dispuso el 8 de enero pasado.
La medida, que incluye al sistema penitenciario convertido por las organizaciones narco en centros de operaciones para enviar droga hacia Estados Unidos y Europa, se debe a la “grave conmoción interna” y al “conflicto armado interno” que enfrenta la nación, según el documento. La Constitución permite al mandatario mantener el estado de excepción hasta por 90 días continuos.
Noboa impuso el estado de excepción el 8 de enero a raíz de que Adolfo “Fito” Macías, jefe de una de las principales agrupaciones criminales del país, se fugó de una cárcel de Guayaquil (suroeste) en la que cumplía 34 años de prisión por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato.
Tras el escape de Fito, que aún no ha sido recapturado, grupos narco volvieron a embestir con violencia y dejaron una veintena de muertos, más de 200 policías y guardias penitenciarios secuestrados temporalmente en cárceles y calles y ataques con explosivos.
El gobernante incluso declaró el 9 de enero al país en “conflicto armado interno” y ordenó a las Fuerzas Armadas neutralizar a una veintena de bandas con nexos con carteles de México y Colombia, a las que tildó de “terroristas” y “beligerantes”.
La Corte Constitucional consideró que la declaratoria del “conflicto armado interno” puede ser por tiempo indefinido en virtud de que no está vinculada al estado de excepción.
El estado de excepción también faculta al presidente a suspender derechos, lo que mantiene para la inviolabilidad de la correspondencia con miras a identificar “conductas ilícitas”.
Con estas medidas, Ecuador -ubicado entre Colombia y Perú, los principales productores mundiales de cocaína- ha logrado decomisar unas 65 toneladas de drogas desde enero.
Los militares también están a cargo de las prisiones, escenario de cruentos choques armados entre bandas que dejan más de 460 reos muertos desde 2021, en matanzas que han pasado a figurar entre las peores de Latinoamérica.
