San Salvador, 28 jul (EFE).- El Gobierno de El Salvador advirtió hoy de que está listo para desplegar al Ejército y enfrentar el «boicot» al transporte público, paralizado por amenazas de la pandilla Barrio 18, a la que responsabiliza de la muerte de 6 chóferes en las últimas horas.
El Ejecutivo aseveró este martes que el «boicot» fue ordenado por dos cabecillas encarcelados de la Barrio 18, quienes hoy mismo fueron trasladados del penal de Quezaltepeque (noreste) al centro de mayor seguridad del país, en Zacatecoluca (sureste).
Los pandilleros fueron identificados como Carlos Eduardo Burgos Nuila y José Carlos Hernández Mauricio, declaró el secretario de Comunicaciones de El Salvador, Eugenio Chicas.
Añadió que un grupo de reos del penal de San Francisco Gotera (nordeste) será trasladado a la cárcel de Izalco (oeste), sin brindar mayores detalles.
Chicas dijo que de continuar el «sabotaje» al transporte público el presidente del país, Salvador Sánchez Cerén, «adoptaría la decisión de movilizar a toda la fuerza armada».
El presidente Sánchez Cerén pidió a los principales partidos políticos del país el respaldo para desplegar en el Gran San Salvador a la Fuerza Armada.
En una de las múltiples comparecencia ante los medios este martes, el portavoz del Gobierno sostuvo que el Ejecutivo «no cederá» ante las presiones de las pandillas para forzar «algún tipo de pacto» con ellos.
A través de una carta difundida semanas atrás y atribuida a líderes encarcelados de las pandillas, estos plantearon a las autoridades una especie de pacto para reducir la violencia, que se ha disparo en los últimos meses, pero el Gobierno rechazó cualquier iniciativa en ese sentido.
En 2012 y durante 15 meses, una tregua entre las pandillas, de la que el Gobierno del entonces presidente Mauricio Funes se desligó, permitió que el promedio diario de homicidios en El Salvador bajará de 12 a 5.
Según los datos oficiales en el primer semestre del 2015 los asesinatos en El Salvador se dispararon en un 55,7 %, en comparación con el mismo período del año anterior, y sumaron 2.865, lo que se traduce en casi 16 muertes diarias.
Chicas destacó este martes que ven «señales de debilitamiento en este sabotaje al transporte. La puja que podían hacer los grupos criminales llegó hasta esta mañana, eso nos ha permitido montar un dispositivo de prevención policial».
El Gobierno activó este martes, segundo día del paro de transporte, un plan de contingencia en San Salvador que involucró a más de un centenar vehículos para movilizar a los ciudadanos desde centro de la capital hacia distintos puntos del área metropolitana.
El plan incluyó un amplio despliegue de seguridad, y la Policía Nacional Civil suspendió los permisos de los agentes que tenían días libres, con lo que el 100 % de sus agentes están en las calles, de acuerdo a la información oficial.
El fiscal general de El Salvador, Luis Martínez, solicitó al Parlamento y al Gobierno un «apoyo total» para que la Fiscalía y la Policía «enfrenten con mayor éxito el terrorismo» de las pandillas.
«Desde abril de 2014 califiqué de terroristas a estos grupos criminales (pandillas), pedí que se les calificara así, hoy ven los resultados de no hacerlo», dijo el jefe fiscal.
Martínez convocó «a una mesa de trabajo urgente a policías, jueces y fiscales para coordinar esfuerzos contra la criminalidad y terrorismo».
Empresarios del Transporte Público de El Salvador aseguraron que sus empleados han sido obligados a acatar el paro por las amenazas de pandilleros y por la muerte de 6 chóferes de autobuses ocurridos en la últimas 24 horas.
«El Gobierno miente a la población diciéndole que somos los empresarios quienes convocamos al paro (…) nosotros no asesinamos a nuestros propios empleados, no es verdad que estamos envueltos en planes desestabilizadores», afirmó el presidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS), Genero Ramírez.
