CIUDAD DE MÉXICO — El gobierno de Nicaragua ha desmantelado los últimos controles y equilibrios que quedaban y estaba “ejecutando sistemáticamente una estrategia para cimentar el control total del país a través de graves violaciones de los derechos humanos”, advirtió el miércoles un panel de expertos de las Naciones Unidas.
El informe de expertos en derechos humanos es la última y más fuerte crítica al gobierno del presidente Daniel Ortega y la primera dama y ahora copresidenta Rosario Murillo, que durante años ha tomado medidas enérgicas contra la disidencia y la sociedad civil.
La represión comenzó con la violenta represión gubernamental de las protestas de 2018. Desde entonces, el gobierno nicaragüense “ha transformado deliberadamente el país en un estado autoritario”, dijeron los expertos. La represión ha obligado a decenas de miles de personas a huir del país al exilio.
“El Estado y el partido gobernante Sandinista prácticamente se han fusionado en una máquina unificada de represión con impacto nacional y transnacional”, dijo Jan Simon, presidente del Grupo de Expertos de la ONU, en un comunicado. “Ortega y Murillo operan una amplia maquinaria de inteligencia, vigilando a la población y seleccionando a los objetivos de la violación de derechos, actuando como ‘los ojos y oídos’ que permiten (al gobierno nicaragüense) obtener y mantener un control total sobre la gente”.
Los expertos dijeron que el golpe democrático final se dio el mes pasado con una reforma constitucional aprobada por el Congreso nicaragüense, firmemente controlado por el partido Sandinista de Ortega y Murillo.
La reforma, que entró en vigor el 18 de febrero , puso efectivamente todos los poderes del gobierno bajo el poder de la presidencia, y también convirtió oficialmente a Ortega y Murillo en “copresidentes”, lo que garantizaría la sucesión presidencial para Murillo y su familia.
La reforma también amplió el mandato presidencial de cinco a seis años, una medida que consolidó aún más el firme control de la familia sobre el poder.
El informe de los expertos de la ONU señala que además del control gubernamental, Ortega y Murillo han ampliado el uso de detenciones arbitrarias, expulsiones forzadas, confiscación de propiedad privada y despojo de la ciudadanía nicaragüense a su oposición .
Los expertos dijeron que elaboraron una lista de personas que creen que fueron responsables de la represión, que será compartida con el gobierno nicaragüense y se hará pública a través del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. También instaron a la comunidad internacional a emprender acciones legales y ampliar las sanciones específicas contra esas personas, y brindar mayores protecciones a los exiliados nicaragüenses.
