Traer una vida en medio de una pandemia que deja miles de muertos a su paso, que mantiene hospitales colapsados y que obliga a las embarazadas a casi una absoluta soledad es el escenario que acompaña la gestación de miles de mujeres en América Latina, el foco mundial de la COVID-19.
Mayra Carrión es una limeña de 33 años. Ha logrado llevar a término su embarazo libre de la COVID-19; toda una hazaña para quien vive en una ciudad en la que, según datos del Ministerio de Salud peruano, 1 de cada 4 habitantes estaría infectado por el SARS-CoV-2.
Para atenderse en la carpa de no infectadas de la Maternidad de Lima, el nosocomio perinatal más importante de la capital peruana, Mayra tuvo que confinarse junto a sus tres hijos de 12, 11 y 7 años en su vivienda del populoso distrito de San Juan de Miraflores por más de 120 días, sin poder trabajar de vendedora ambulante, como lo hacía junto a su esposo hasta antes de la pandemia, y racionando sus pocos ahorros.
«Las personas independientes vivimos el día a día y de donde sea se tiene que sacar. Ahora por fin mi esposo ha vuelto a ‘recursearse'», señala Mayra mientras aguarda la que será su última ecografía antes de pasar a la sala de partos.
Lo hará sin su esposo ni su madre, ni la mano de ningún ser querido a la que aferrarse. Solo la acompañarán hasta esa fría sala donde su cuarta niña vendrá al mundo una cartilla de controles prenatales y un negativo a reactivo de COVID-19.
Embarazos no planeados
Según proyecciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en la región de América Latina y el Caribe, donde nacen 6 millones de personas al año, la desatención en salud reproductiva y la reducción o anulación del acceso a métodos anticonceptivos producto de la pandemia, podría desencadenar en 2,2 millones de embarazos no planificados.
El mismo informe de proyecciones señala que alrededor de 17 millones de mujeres en la región se verán forzadas a interrumpir el uso de métodos anticonceptivos.
De ellas, 13 millones lo harán porque tendrán dificultades para obtenerlos en los servicios públicos de salud y 4 millones por imposibilidad de pagarlos en las farmacias privadas.
La médica Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) de Argentina, advierte que, debido a la pandemia, muchas argentinas «suspendieron, especialmente las más jóvenes, el uso de métodos anticonceptivos por temor a que si salían a pedirlos las iban a frenar las fuerzas de seguridad» en el contexto del confinamiento.
Ello trajo como consecuencia «embarazos que no fueron ni planificados ni promovidos» y, asegura Bianco, «muchas mujeres tuvieron problemas también porque algunas que quisieron interrumpir el embarazo no pudieron porque estos servicios les fueron negados».
Sobrellevar el miedo
Además de la reducida atención sanitaria a la que se enfrentan las gestantes latinoamericanas, el miedo a contagiarse del COVID-19 es recurrente.
Eso ocurre en México, el segundo país latinoamericano con más casos confirmados de COVID-19; y donde miles de mujeres, como Claudia Valadez, de 39 años, tienen que sobrellevar el miedo al contagio, pero también, tras perder uno de sus dos empleos producto de la pandemia, enfrentarse a un futuro económico incierto.
«Si no me controlara yo creo que todo el tiempo estaría pensando que si alguien se me acerca me estaría contagiando de COVID», explica la futura madre de gemelos, que sabe que aún con todos los cuidados que pueda tomar con sus bebés en el vientre, una vez estos nazcan, pueden ser separados y contagiarse en ese interín.
«Todo el tiempo estoy pensando en todos los riesgos que puedan haber», afirma.
Mortalidad materna
En Perú, donde desde el 16 de marzo se estableció el confinamiento obligatorio, las atenciones en consultorios de hospitales públicos fueron suspendidas, y quedaron así desatendidas alrededor del 70 % de las mujeres gestantes del país.
«La desatención a gestantes en los primeros meses de esta pandemia se ha dado fundamentalmente en el sector público, que es el que puso sus esfuerzos en el combate a la COVID-19. Es recién hace dos meses que se ha implementado la teleconsulta, pero sabemos que eso es para las mujeres que tienen acceso a teléfono, Internet», explicó el médico Miguel Gutiérrez, presidente del Comité de Expertos de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud.
Hasta ese avance las embarazadas en Perú que tuvieran una situación crítica con su embarazo solo podían ser atendidas en las emergencias, abarrotadas de pacientes con todo tipo de enfermedades.
En esa coyuntura, la tasa de mortalidad materna subió en el país, hasta la semana 29 del año, en un 19 % respecto al 2019, y en un 17% respecto al 2018, según cifras del Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud.
Gestantes enfermas de COVID-19
En Brasil, el país latinoamericano con más casos confirmados de COVID-19 de la región, la situación es aún peor.
Este país ha registrado el 77 % de las muertes de mujeres embarazadas y puérperas por COVID-19 en todo el mundo, según un estudio publicado el último 10 de julio por el «International Journal of Gynecology and Obstetrics» en base a las estadísticas tomadas por varias universidades federales brasileñas.
Según los números, la tasa de letalidad del virus entre gestantes es del 12,7 % en el país.
La ginecóloga y obstetra Isabela Coutinho, directora del Hospital de la Mujer de Recife, un centro médico de referencia para gestantes de todo el país, reconoció que Brasil y, particularmente, la región Nordeste, una de las más pobres, «tiene situaciones socioeconómicas y culturales especiales».
A pesar de ser condiciones «similares a los de otros países en desarrollo», añadió la especialista, en Brasil, un país con 210 millones de habitantes, la presencia de hipertensión y diabetes en las gestantes, pudo haber contribuido para ese resultado «tan desfavorable» para las embarazadas que contrajeron el COVID-19.
De acuerdo con Coutinho, también incidió en esa estadística que, con la pandemia, muchas embarazadas no pudieron ser aisladas en algunos hospitales de los pacientes infectados. Muchas de esas gestantes (22,6 %, según el estudio) no tuvieron disponibilidad de unidades de cuidados intensivos (UCI) y «todo eso contribuyó para este resultado fatal», apuntó la directora del principal hospital femenino del estado de Pernambuco.
Embarazadas migrantes
Si la situación de las gestantes en sus países de origen es crítica, lo es aún peor para las migrantes embarazadas.
Francelys Morzón es una joven venezolana de 21 años embarazada de ocho meses que vive en Cúcuta, la principal ciudad colombiana fronteriza con Venezuela.
No sabe nada de su bebé; en todo este tiempo no ha tenido una visita de control ni una ecografía porque cuando va al centro de salud le niegan la atención aduciendo que no tiene papeles.
«En los centros a los que yo iba me decían que no me atendían por no tener documentación y tampoco puedo pagarme una visita privada porque no cuento con los recursos» explica Morzón.
Por eso, cuando se encontró mal durante el embarazo se automedicó sin saber si los medicamentos le iban «a hacer bien o mal», añade.
Morzón migró de Venezuela hace año y medio y sobrevivía en Cúcuta vendiendo caramelos y café hasta que la cuarentena y el miedo a contraer el coronavirus acabó con su única fuente de ingresos.
El arrendatario la echó a ella, a su marido y a su otra hija por no poder pagar y ahora viven en una sola habitación donde espera poder dar a luz en unas semanas en un hospital colombiano.
El gestor de actividades médicas de Médicos Sin Fronteras (MSF) en el departamento fronterizo de Arauca, Sergio Palacio, explica que para una mujer migrante sin permiso de residencia ya era muy difícil acceder a la atención prenatal antes de la pandemia pero con la COVID-19 se ha vuelto «virtualmente imposible».
«Los hospitales cerraron y gran parte de sus servicios asistenciales ya no estaban realizando atenciones ambulatorias», además «la situación legal» sigue siendo «la principal barrera para acceder a los servicios de salud al no estar aseguradas».
Palacio explica que el año pasado Médicos sin Fronteras hizo 1.737 controles prenatales en esa región pero que en el primer semestre de 2020 no han llegado «ni al tercio de esa cifra, con solo 511 atenciones» disminución que achaca «al coronavirus» y a las restricciones de movilidad.
Mercedes Palomino (Perú), Waldheim García Montoya (Brasil), Ares Biescas (Colombia), Cristina Sánchez Reyes (México) y Cecilia Caminos (Argentina).
