México, 8 nov (EFE).- La Procuraduría General de la República (PGR) de México se comprometió hoy a atender las peticiones sobre el caso Ayotzinapa que le hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), organismo que denunció que estas no habían sido cumplidas.
A través de un comunicado, la fiscalía aseguró que en el transcurso de la siguiente semana remitirá al Ombudsman Nacional un segundo documento, en el que se habrá de señalar el grado de avance en la atención de las recomendaciones.
«Uno de los cuatro Ejes Rectores de la Institución del Ministerio Público de la Federación, es el respeto irrestricto a los derechos humanos de las víctimas e imputados», apunta el documento en el que se señala que la fiscalía reconoce «el papel y la vocación del ombudsman nacional en la defensa de los derechos humanos».
«Es por ello, que la PGR está comprometida en dar cumplimiento a todas y a cada una de las observaciones y recomendaciones que sobre los distintos asuntos emita la CNDH», agrega.
En la mañana de hoy, la CNDH afirmó que ninguna de las 26 observaciones y propuestas que le ha hecho a la Fiscalía mexicana sobre el caso de la desaparición de 43 jóvenes de la localidad de Ayotzinapa, en el sur del país, ha sido atendida íntegramente.
A través de un comunicado, este órgano aseguró además que la respuesta de la PGR ha sido «insuficiente e imprecisa».
Las 26 observaciones y propuestas fueron formuladas por la CNDH en el documento «Estado de la Investigación del Caso Iguala», el 23 de julio pasado y de ellas dos fueron «atendidas parcialmente», una fue «atendida parcialmente con avance mínimo», tres se encuentran «en vías de atención» y 20 «no fueron atendidas».
El 26 de septiembre de 2014 decenas de estudiantes de la localidad de Ayotzinapa que se desplazaban en varios autobuses fueron atacados a tiros por policías corruptos en la ciudad de Iguala, en el sureño estado de Guerrero, presuntamente por órdenes del entonces alcalde, José Luis Abarca.
En los ataques murieron seis personas, entre ellos tres alumnos, y 43 estudiantes fueron detenidos por policías y entregados a miembros del cártel de Guerreros Unidos, quienes presuntamente los asesinaron y quemaron en el basurero del municipio vecino de Cocula.
