El Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ordenó ampliar la investigación preliminar contra el presidente de Perú, Pedro Castillo, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada, informó este domingo el Ministerio Público.
Castillo es investigado desde el año pasado por varias denuncias de presunta corrupción referidas a la irregular adjudicación de la compra de biodiésel, por presiones en los ascensos militares y por la licitación para la construcción de un puente en la región San Martín, a través de una presunta red mafiosa instalada en el ministerio de Transportes y Comunicaciones.
La Fiscalía de la Nación precisó, a través de un mensaje en Twitter, que el presidente «tendrá garantizado el pleno ejercicio de su derecho de defensa y el respeto al artículo 117 de la Constitución Política», que establece que sólo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; o por disolver el Congreso, fuera de los casos previstos en la Carta Magna.
Añadió que Castillo fue notificado de la disposición de Sánchez y que se ha ordenado su declaración indagatoria, en adición a las otras diligencias, «las que permitirán el debido y necesario esclarecimiento de los hechos».
Colaboradora de la Fiscalía acusa
Las investigaciones contra Castillo responden, en parte, a las confesiones de la empresaria Karelim López, quien acusó al jefe de Estado y a su entorno más cercano, incluidos varios sobrinos, de haber formado una red criminal para adjudicar ilegalmente contratos y obras en el Estado.
Durante un interrogatorio ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, López mencionó entre los presuntos integrantes de esa organización al exsecretario presidencial Bruno Pacheco, así como a exministros, empresarios y sobrinos del gobernante, para quienes se han dictado 36 meses de prisión preventiva, pero que actualmente son prófugos de la Justicia.
«Me ratifico en decir que él (Castillo) es el cabecilla y que él es aquel que da las órdenes porque sus sobrinos no llevaban a empresarios a que se vean con él por gratitud», afirmó en esa oportunidad.
La empresaria, quien es señalada como una gestora de intereses con vínculos en las altas esferas del poder, rechazó que haya recibido un pago para dar esas declaraciones ante la Fiscalía, a la que ha solicitado acogerse como colaboradora para recibir beneficios judiciales en una investigación por lavado de activos.
A inicios de año, la exfiscal de la Nación Zoraida Avalos decidió suspender las investigaciones contra Castillo, hasta el final de su gobierno (2021-2026) después de haberlo sometido a un interrogatorio, pero el Ministerio Público siguió adelante con las pesquisas contra el resto de implicados.
Allegados prófugos
La justicia ordenó la comparecencia con restricciones para López, mientras que también dispuso 36 meses de prisión preventiva contra los sobrinos del mandatario Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo, así como contra Pacheco y cuatro empresarios, quienes son investigados por presuntamente integrar una red criminal en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
Esa resolución también ordenó que se emitan las órdenes de ubicación y captura contra Vásquez, Castillo y Pacheco, «quienes se encuentran en calidad de no habidos», remarcó el Ministerio Público.
La Fiscalía investiga los presuntos actos de corrupción en la licitación de Provías Descentralizado, unidad ejecutora del MTC, para la construcción del puente automovilístico Tarata, sobre el río Huallaga, en la selvática región de San Martín.
Según el Ministerio Público, el Consorcio Puente Tarata III presuntamente fue favorecido en esta licitación a pesar de no cumplir con la experiencia mínima en obras similares.
Castillo ha rechazado estas acusaciones y las vinculó a un supuesto plan de un sector de la oposición política para intentar sacarlo del poder.
Tras conocerse las declaraciones de López ante la Fiscalía, la oposición política presentó en marzo pasado una moción de destitución del gobernante por una «presunta incapacidad moral», un pedido que finalmente fue rechazado por el pleno del Congreso.
