Dos exejecutivos latinoamericanos de 21st Century Fox se declararon inocentes el jueves de acusaciones de haber sobornado a funcionarios de CONMEBOL a cambio de obtener los derechos de transmisión de la Copa Libertadores y otros eventos deportivos.
Durante una audiencia judicial de dos horas realizada telefónicamente debido a la pandemia del coronavirus, los abogados del argentino Hernán López y el mexicano Carlos Martínez discutieron al detalle con fiscales neoyorquinos las condiciones de libertad condicional de ambos acusados.
López, que se encuentra en Los Ángeles, y Martínez, en Miami, enfrentan cargos de fraude electrónico y lavado de dinero.
La compañía de mercadeo uruguaya Full Play Group SA también se declaró inocente ante acusaciones de pagos de sobornos. Full Play es propiedad de los argentinos Hugo y Mariano Jinkis, quienes combatieron su extradición a Estados Unidos en 2015 y permanecen en Argentina.
Las acusaciones reveladas esta semana son el último episodio en el largo caso judicial que sacudió el mundo del fútbol al destaparse los enormes pagos ilegales que empresas de mercadeo pagaban a ejecutivos de la FIFA para obtener derechos de transmisión.
Desde que se anunciaron las primeras acusaciones en mayo de 2015, se han dado a conocer 26 admisiones de culpabilidad, muchas de ellas de exfuncionarios del fútbol, incluyendo al secretario general de CONCACAF, Chuck Blazer.
El jueves, la jueza Pamela Chen, de la corte del distrito este de Nueva York, impuso una fianza de 15 millones de dólares para López y la necesidad de que dos garantes firmarán el paquete de fianza junto a él. También impuso la obligación de que esté recluido en su casa de 10 de la noche a seis de la mañana y que entregue sus pasaportes.
“Creo que ahora está claro que nadie va a ir a ningún lado”, dijo la juez Chen en referencia al coronavirus y al hecho de que gran parte de la población estadounidense está recluida en su casa.
Matthew Umhofer, abogado de López, había propuesto una fianza de 500.000 dólares e insistido en que López no tenía ninguna intención de huir a la Argentina, un país en el que no vive desde hace dos décadas, dijo. La empresa de podcasts de López, llamada Wondery, se encuentra en Estados Unidos.
“Está aquí, se va a quedar aquí y va a luchar contra esto”, dijo Umhofer en referencia a las acusaciones.
López y Martínez también están acusados de pagar sobornos para obtener información confidencial con el objetivo de lograr los derechos de transmisión de los mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022, derechos que Fox logró obtener. La FIFA también le otorgó a Fox los derechos del Mundial para 2026 — a jugarse en Estados Unidos, México y Canadá — sin una licitación.
López fue el director ejecutivo de Fox International Channels, subsidiaria de 21st Century Fox. Martínez fue presidente de Fox International Channels y ejecutivo de Fox Latin American Channel Inc.
En la imputación, realizada por un jurado investigador el 18 de marzo, también se acusa al exdirector general de Imagina Media Audiovisual Gerard Romy.
La fiscalía señaló esta semana que Romy se encuentra en España y no tendrá audiencia judicial hasta que se encuentre bajo la jurisdicción del distrito este de Nueva York.
El jueves la jueza Chen pidió al abogado de Martínez que entregue las armas que éste tenía a algún cuartel de policía local en Florida. La condición es parte del paquete de fianza de 15 millones de dólares que firmará el acusado.
El presidente de la CONMEBOL Juan Ángel Napout y el presidente de la Confederación Brasileña José María Marín fueron condenados después de ir a juicio en Nueva York. Napout cumple sentencia en Florida y Marín salió de prisión la semana pasada.
Por otro lado, la imputación reciente afirma que Nicolás Leoz, expresidente de CONMEBOL, y el expresidente de la Confederación Brasileña, Ricardo Teixeira, recibieron sobornos para votar por Qatar como sede del Mundial 2022.
Jack Warner, de Trinidad y Tobago, entonces presidente de CONCACAF, recibió 5 millones de dólares en sobornos a cambio de su voto a favor de Rusia para albergar el Mundial de 2018 de parte de 10 compañías fantasma distintas, incluyendo entidades en Anguila, Chipre y las Islas Vírgenes Británicas, según la imputación.
