El fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que cedió a Nicaragua una amplia franja en el Caribe hasta ahora en manos de Colombia ha generado una movilización militar preventiva de ambos países en la zona, que desnuda lo dispar de su poder castrense.
Colombia, con un presupuesto de Defensa en 2013 de más de 14.400 millones de dólares, ha anunciado que no acatará el fallo «hasta garantizar que los derechos de los colombianos estén bien defendidos».
Mientras, Nicaragua, con un presupuesto de 67 millones de dólares en Defensa este año, ha exigido que se respete el derecho internacional y sus portavoces oficiales han dicho que de ser necesario acudirán al Consejo de Seguridad de la ONU para que lo haga cumplir.
A través de una política de micrófono, ambos Gobiernos han resaltado su talante pacifista y su voluntad de diálogo, pero al mismo tiempo, han reafirmado la presencia militar en la zona en aras de defender su soberanía.
Colombia, que incluso tiene planes de convertirse en un proveedor de tecnología de defensa, mantiene fragatas y aviones patrulleros de su Armada en las aguas caribeñas cedidas por la CIJ a Nicaragua, un espacio de entre 70.000 y 90.000 kilómetros cuadrados.
El objetivo de mantener las fragatas y los sobrevuelos es proteger a un grupo de entre diez y doce barcos colombianos que siguen practicando pesca de altura, así como garantizar la seguridad de sus tripulantes y custodiar las líneas de comunicación, dijeron fuentes de la Armada a Efe, que constató el viernes esa presencia castrense con un sobrevuelo de la zona.
La Armada colombiana dispone de cuatro fragatas clase «Almirante Padilla», de fabricación alemana, que datan de la década de 1980 pero que desde hace cuatro años han sido sometidas a una renovación que incluyó, entre otros, la sustitución de los antiguos cañones de 76 mm por unos nuevos con el sistema antiaéreo antimisiles de corto alcance Strales.
Colombia cuenta con 221.496 efectivos del Ejército, 34.964 de la Armada y 14.195 de la Fuerza Aérea, y en 2013 destinará unos 1.614 millones de dólares a «la adquisición de nuevos equipos y nuevas tecnologías», un 46,7 % más que este año.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, reveló el pasado 26 de noviembre que «naves» de su país había sido desplegadas para defender la soberanía «aérea y marítima» en la zona del Caribe que le asignó la Corte Internacional de Justicia.
Pero no precisó qué tipo de naves ni con qué equipamiento envió al lugar al Ejército de Nicaragua, cuyas patrulleras tienen un alcance limitado y están pobremente equipadas.
El jefe del Ejército nicaragüense, el general Julio César Avilés, ha asegurado que la cooperación internacional juega un papel relevante en el plan de modernización y desarrollo de esa institución, especialmente el apoyo que le brindan países como Taiwán, Estados Unidos, Venezuela, México, Cuba, España y Alemania.
Nicaragua, cuyo Ejército tiene unos 12.100 efectivos, cuenta en general con equipos militares que datan de la década de 1980, muchos de ellos de fabricación soviética y actualmente en estado precario, según expertos militares.
Entre ese armamento destacan los cohetes antiaéreos del tipo Sam-7, un millar de los cuales fueron destruidos por orden del entonces presidente nicaragüense Enrique Bolaños (2002-2007).
Colombia ha iniciado el proceso para abandonar el tratado mediante el cual aceptó en 1948 la jurisdicción de la CIJ, aparentemente para evitar nuevas reclamaciones de Managua.
Según el agente nicaragüense en la CIJ, Carlos Argüello, su país espera un fallo de la Comisión de los Fondos Marinos de la ONU a una reclamación que presentó en 2009 para que se le reconozcan más de 200 millas náuticas de plataforma continental extendida en el Caribe.
