Todo empezó en El Chimbo, a cinco kilómetros al oriente de Tegucigalpa. A la residencia del expresidente Porfirio Lobo llegaron Agentes de Técnica de Investigación Criminal (ATIC), acompañados por miembros de la Policía Militar de Orden Público PMOP) y sacaron de la casa a una mujer esposada.
La captura de, esposa del exmandatario hondureño que dirigió al país entre 2010 y 2014, estaba cantada hace días.
Cuando el abogado peruano Juan Jiménez Mayor dejó el país centroamericano dio varias declaraciones inquietantes: dijo que el secretario general de la OEA no le había brindado el apoyo suficiente para ejercer sus funciones al frente de la Misión de Apoyo contra la Corrupción de en Honduras (Maccih). También dijo que los corruptos no ganarían la batalla en Honduras y dejó caer que en los próximos días habría noticias importantes sobre las investigaciones que dirige su despacho.
Al conocerse la captura de la captura la ex primera dama, el actual gobierno hondureño no tardó en reaccionar. Desde el despacho del presidente Juan Orlando Hernández, pupilo y protegido político de Porfirio Lobo, salió un comunicado en el que le pedía a los entes de justicia penal “observar el debido proceso, el derecho de defensa y el principio de inocencia”, una intervención fuera de lo común que termina con una explicación no pedida: “el Poder Ejecutivo respetará la independencia de los órganos de justicia como parte de sus deberes constitucionales y de su política de fortalecimiento de la institucionalidad, la trasparencia y la lucha anticorrupción”.
Las sospechas de que Rosa Elena Bonilla de Lobo estaba involucrada en actos de corrupción aparecieron por primera vez en 2016.
Una denuncia anónima alertó a las autoridades de que la ex primera dama había comprado con sobre costos uniformes y zapatos de un programa presidencial que estaba a su cargo. La investigación se abre por los que parecería ser la malversación de cerca de 250 mil dólares, pero ese no fue el caso que terminó en la captura de Bonilla de Lobo.
Aunque la ex primera dama demandó a la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabrierla Castellanos y a Odir Fernández, jefe de la Unidad de Investigación de ese mismo organismo. La marea parecía haber bajado cuando el 27 de febrero de 2017 la CNA responde con una denuncia por la presunta apropiación de medio millón de dólares que habrían sido transferidos desde el Despacho de la Primera Dama a una cuenta personal seis días antes de que su esposo dejara la presidencia.
Al involucrar a una antigua alta funcionaria, el caso que ya se conoce como la “Caja chica de la Dama”, fue remitido los responsables de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC).
Junto a Rosa Elena Bonilla de Lobo fue capturado su cuñado, Mauricio Mora.
