El Gobierno de Estados Unidos mostró este viernes su apoyo a la estrategia adoptada por el presidente colombiano, Iván Duque, con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal creado en virtud del acuerdo de paz con las Farc para juzgar los crímenes de guerra en el país.
«Estados Unidos agradece los esfuerzos del Gobierno de Colombia para garantizar que la ley que implementa la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cumpla con el Acuerdo de Paz de 2016 y la Constitución de Colombia», dice el comunicado emitido por el Departamento de Estado.
Duque objetó recientemente seis de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la JEP, que fue aprobada por el Congreso en 2017 y recibió después el visto bueno de la Corte Constitucional, con lo que solo necesitaba la sanción presidencial para entrar en vigor. Sin embargo, el movimiento de Duque devuelve ahora el proyecto al Congreso, lo que según sus críticos genera incertidumbre jurídica entre los excombatientes y demuestra un desacato del presidente a la Corte Constitucional.
Entre esas objeciones, Duque pretende que se le niegue a la JEP la facultad de practicar pruebas en todos los casos de extradición. En ese sentido, el Gobierno de EE. UU. celebró «las acciones que aseguren» que aquellos excombatientes que sean responsables de crímenes cometidos luego de firmado el acuerdo de paz incumpliendo lo establecido en él, estén sujetos a la extradición, como está contemplado en el acuerdo mismo.
El comunicado resalta que, durante más de tres décadas, la cooperación entre los dos países ha probado ser uno de los más poderosos mecanismos para asegurar el imperio de la ley, la búsqueda de justicia, la protección de los intereses de las víctimas. Y también la paz, la prosperidad y la protección de la democracia en Colombia. Dice, además, que un componente significativo de esto ha sido «una de las más efectivas relaciones a nivel mundial en materia de extradición».
En el centro de la polémica sobre la extradición hay una colisión de competencias entre la Fiscalía General y la JEP sobre el caso del excomandante guerrillero Jesús Santrich, pedido por la Justicia de EE. UU. por un supuesto delito de narcotráfico.
En respuesta a la objeción de artículos, el representante de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Alberto Brunori, pidió a Duque la «urgente sanción» de la Ley Estatutaria de la JEP.
Por su parte, el exjefe del equipo negociador de las Farc con el Gobierno, Luciano Marín, conocido como Iván Márquez, dijo que Duque busca «que haya dos jurisdicciones investigando sobre los mismos hechos» y «extraditar sin pruebas a comandantes guerrilleros para saciar así su sed de venganza».
En su comunicado, Washington también pidió a Colombia que «apruebe con prontitud un estatuto para implementar la JEP a fin de garantizar que cuenta con un marco legal sólido para operar de manera efectiva e independiente».
La declaración, hecha por el segundo portavoz del Departamento de Estado, Robert Palladino, resalta el apoyo que EE. UU. le ha dado a Colombia en el camino hacia la paz y agradece los esfuerzos por fortalecer el castigo a los crímenes de guerra, las violaciones y los abusos de los derechos humanos, y «por hacer que los responsables reciban sentencias proporcionales a los crímenes cometidos, sean Farc, paramilitares o agentes del Estado , incluidos los militares».
Finalmente, Palladino dice que ve a la JEP como un «importante mecanismo» para alcanzar «la paz y la justicia» en Colombia.
