Las armas estadounidenses, muchas de ellas exportadas legalmente, están fluyendo hacia América Latina en un «río de hierro» que termina en manos de los cárteles de la droga y las fuerzas de seguridad abusivas, declaron activistas, que piden una mayor supervisión por parte de la ley estadounidense y Agencias federales.
Más de la mitad de las «armas del crimen» recuperadas y rastreadas en América Central provienen de los Estados Unidos, según la agencia estadounidense de control de armas ATF. Este nivel se acerca al 70% para México y ronda el 80% en todo el Caribe.
«Se llama el río de hierro y está inundando los países del sur», dijo Elizabeth Burke, de la organización estadounidense sin fines de lucro Global Action on Gun Violence, en un evento organizado por el Center for American Progress en Washington.
Burke pidió reglas que impidan que los fabricantes vendan a distribuidores con prácticas de distribución poco estrictas. Los fabricantes también deberían dejar de vender armas perforantes y pistolas que puedan modificarse fácilmente para disparar cientos de balas a la vez, dijo.
John Lindsay-Poland, un activista de Stop US Arms to Mexico, agregó que las normas de licencia laxas y su aplicación ayudaron a facilitar el flujo transfronterizo de armas, incluidas las armas de grado militar deseadas por los cárteles.
Dieciséis estados de EE. UU. y un puñado de gobiernos del Caribe expresaron el mes pasado su apoyo a la apelación de México en una demanda civil contra los fabricantes de armas estadounidenses, que busca responsabilizarlos por facilitar el tráfico de armas letales.
Los fabricantes de armas estadounidenses han sostenido que venden armas de fuego legalmente a los estadounidenses que pasan una verificación de antecedentes, y sus abogados han argumentado que responsabilizarlos abre la puerta a otras demandas, como las muertes de rusos asesinados con sus armas en Ucrania.
Las cifras del gobierno de EE. UU. muestran que el año pasado los ingresos por envíos legales de armas de fuego a América Latina aumentaron un 8%, y la mayoría de las ventas se dirigieron a Brasil, México, Guatemala y Colombia.
La Asociación Nacional del Rifle y el Departamento de Estado no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.
“No queremos más tragedias en nuestras familias”, dijo María Herrera, quien fundó un colectivo nacional que investiga las muchas desapariciones forzadas en México y donde está aumentando el número de homicidios con armas de fuego.
“Destruye vidas, separa familias, llena de dolor y pánico a las comunidades”, dijo Herrera en el acto. «No podemos vivir así».