La ley de amnistía que beneficia a más de 230 manifestantes detenidos en las protestas populares en Ucrania entró hoy en vigor con su publicación en la página web de la Fiscalía General ucraniana.
La entrada en vigor la amnistía se produjo después de que ayer la oposición ucraniana desalojara el Ayuntamiento de Kiev, tras dos meses y medio de ocupación.
Los opositores desalojaron asimismo las delegaciones del Gobierno central en Poltava (en el centro del país), y también en las regiones de Ivano-Fránkovsk, Lvov y Ternópol, todas en el oeste de Ucrania, bastión de la oposición nacionalista.
Igualmente, se inició el desbloqueo para el tráfico rodado de la calle Grushevski en Kiev -escenario de violentos disturbios a mediados del pasado mes de enero-, última exigencia de las autoridades para dar el carpetazo a todos los casos abiertos contra cientos de opositores.
Pero los manifestantes no tienen intención de despejar totalmente la calle, sino únicamente permitir que los coches puedan circular por ésta, en estricta aplicación de una de las condiciones de la ley de amnistía que exige desbloquear todas las vías públicas para el tráfico con la excepción de la plaza de la Independencia.
«Esta ley debe beneficiar a todos los que han participado en las protestas. Todos deben saber que están protegidos, que nadie los va a perseguir judicialmente», declaró anoche el líder del partido opositor Batkivshina (Patria), Arseni Yatseniuk, tras reunirse con al fiscal general de Ucrania, Víktor Pshonka.
Según Yatseniuk, en esa reunión, en la que también participaron otros dirigentes opositores, se acordó la creación de una comisión humanitaria para hacer un seguimiento de la aplicación de la amnistía.
La Fiscalía General indicó que para el cierre de todos los casos, penales y administrativos, se necesitará como mucho un mes, aunque la mayoría serán archivados en un plazo de dos semanas.
Hace tres días, las autoridades dejaron en libertad con cargos al último de los 234 detenidos durante las protestas, que comenzaron en noviembre del año pasado, después del que el presidente de Ucrania, Víktor Yanukóvich, aplazara de manera indefinida la firma de un acuerdo de asociación con Unión Europea.
A mediados de enero, tras dos meses con el centro de Kiev tomado permanentemente por miles de manifestantes opositores, el Gobierno aprobó una serie de leyes represivas que fueron respondidas con violencia por los manifestantes más radicales.
Seis personas murieron en los choques y centenares resultaron heridos, a lo que siguió un proceso de negociaciones entre las autoridades y la oposición que desembocó en la dimisión del Gobierno del entonces primer ministro, Nikolái Azárov, y revocación de las polémicas leyes.
Pese a la renuncia del Gobierno, los manifestantes continúan con sus protestas en la Plaza de la Independencia de Kiev, conocida como el Euromaidán (maidán es plaza en ucraniano), con cientos de personas instaladas en una ciudadela de tiendas de campaña.
El objetivo de los opositores es conseguir una reforma constitucional que reste poderes al jefe del Estado en favor de los del Legislativo y la convocatoria de elecciones presidenciales y parlamentarias anticipadas.
Kiev, 17 feb (EFE).-
