Estados Unidos anunció este lunes una normativa por la cual la mayoría de los migrantes que cruzan la frontera sur del país después de atravesar México no serán elegibles para solicitar asilo, una medida rechazada por el gobierno mexicano.
La nueva regla, que regirá a partir del martes, dispone que quienes en su ruta a Estados Unidos no solicitaron asilo cuando estaba disponible en al menos un tercer país fuera del suyo, no tendrán la posibilidad de hacerlo al llegar a territorio estadounidense, informaron los Departamentos de Justicia (DoJ) y Seguridad Interior (DHS) en un comunicado conjunto.
El gobierno de Donald Trump apunta así a frenar el flujo de cientos de miles de migrantes, en su mayoría de Centroamérica, que en los últimos meses llegaron a Estados Unidos provenientes de México a pedir asilo alegando violencia y pobreza endémica en sus países de origen.
«Estados Unidos es un país generoso, pero está completamente desbordado por la carga asociada a la detención y al proceso de cientos de miles de extranjeros detenidos en la frontera sur», dijo el fiscal general, William Barr.
Esta medida, provisional hasta que el Congreso legisle, permitirá procesar los casos de manera más eficiente, disminuyendo el número de personas que transitan por México, dijo por su parte el titular interino del DHS, Kevin McAleenan.
La regla incluye excepciones para quienes pueden demostrar que solicitaron asilo en al menos un país y su petición fue denegada; para quienes sean «víctimas de una forma grave de tráfico de personas»; y para quienes hayan transitado por países que no forman parte de la Convención de Refugiados de 1951 o del Protocolo de 1965.
México rechazó la nueva normativa, negando que vaya a convertirse de facto en un tercer país seguro y subrayando que solo tendrá validez jurídica en Estados Unidos.
«México no coincide con medidas que limiten al asilo o refugio a aquellos que temen por su vida en sus países de origen (…), y vamos a prestar atención a que se respete el principio de no devolución conforme al derecho internacional vigente», dijo el canciller Marcelo Ebrard.
Aunque existe un acuerdo con Washington para que personas que solicitaron asilo en Estados Unidos esperen su audiencia en territorio mexicano, Ebrard dijo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no recibirá migrantes a la luz de las nuevas restricciones, ni iniciará negociaciones de tercer país seguro «sin autorización expresa del Congreso».
La nueva normativa impulsada por la Casa Blanca puede sufrir modificaciones tras su publicación el lunes y seguramente sea objeto de recursos judiciales.
La Unión estadounidense por las libertades civiles (ACLU), la mayor asociación de defensa de los derechos humanos en el país, ya se prepara para impugnarla.
«El gobierno de Trump está tratando de revertir unilateralmente el compromiso legal y moral de nuestro país de proteger a quienes huyen del peligro. Esta nueva regla es evidentemente ilegal y la demandaremos rápidamente», dijo Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.
El presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, el demócrata Bennie Thompson, también la cuestionó por «xenófoba» y «racista». «Es ilegal y debe ser frenada por los tribunales», dijo.
